Washington D.C. solicitó la asistencia de la Guardia Nacional para ayudar a frenar la “creciente crisis humanitaria” generada por los miles de migrantes que han sido enviados a la capital de Estados Unidos por dos de sus estados del sur.
La semana pasada, la alcaldesa Muriel Bowser solicitó formalmente a la Casa Blanca un despliegue de 150 efectivos de la Guardia Nacional al día por tiempo indefinido, así como una “ubicación federal adecuada” para un centro de alojamiento y procesamiento masivo, y mencionó el D.C. Armory como un candidato lógico.
El 21 de julio se reunió con Liz Sherwood-Randall, asistente del presidente para seguridad nacional, y Julie Chávez Rodríguez, directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca.
La crisis comenzó a gestarse a principios de año, cuando el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el de Arizona, Doug Ducey, anunciaron planes para enviar a migrantes a Washington en respuesta a la decisión del presidente Joe Biden de levantar una orden de emergencia instaurada durante la pandemia que restringía el número de entradas de migrantes, el Titulo 42.
Desde entonces, la ciudad calcula la llegada de casi 200 autobuses, con más de 4 mil migrantes, a Union Station, en muchos casos sin recursos y sin tener una idea de qué hacer después.
Un grupo de organizaciones benéficas locales han estado trabajando para alimentar y alojar a los migrantes, con la ayuda de una subvención de 1 millón de dólares otorgada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés); no obstante, los organizadores han advertido que tanto sus recursos como su personal estaban a punto de agotarse.
“Esta dependencia en las ONG no está funcionando y es insostenible: están desbordadas y carecen de fondos”, dijo Bowser en su carta. En repetidas ocasiones ha declarado que dicha afluencia ponía a prueba la capacidad de su gobierno para atender a sus propios residentes sin hogar y que requería la intervención del la administración del presidente Joe Biden.
“Sabemos que tenemos un problema federal que exige una respuesta federal”, dijo Bowser en una conferencia de prensa el 18 de julio.
En su carta, Bowser critica duramente a Abbott y a Ducey, acusándolos de emprender un “cruel juego político”, y dice que ambos han “decidido utilizar a personas desesperadas para ganar puntos políticos”.
Bowser no tiene autoridad para ordenar personalmente el despliegue de la Guardia Nacional.
