Diputados de Morena, PAS y PRI afirmaron que la reforma que garantiza tarifas especiales del 50 por ciento a personas adultas mayores y discapacitadas es legislar a favor de grupos vulnerables que están en condiciones de desigualdad y garantizarles el derecho humano de acceso al agua.
Los posicionamientos se fijaron durante la discusión del dictamen que reforma la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, con base en dos iniciativas presentadas.
Esta reforma incorpora a las personas adultas mayores y discapacitados al beneficio de pagar tarifas diferenciadas en un 50 por ciento si sus consumos bimestrales son de hasta 50 metros cúbicos.
El diputado Serapio Vargas Ramírez, de Morena y coautor de una de las iniciativas junto con el diputado Adolfo Beltrán Corrales, en la que se propuso incorporar a personas discapacitadas al beneficio citado, precisó que el objeto es hacer efectiva la progresividad de los derechos sociales.
Estos derechos, puntualizó, no pueden ni deben dar un paso atrás.
A sus compañeras diputadas y diputados les solicitó votaran a favor, ya que la historia legislativa de Sinaloa está en un momento crucial.
De igual manera invitó al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, a que acepte esta reforma, y que en caso de que la quiera impugnar, también lleve el tema al interior del partido que lo postuló al cargo que ocupa.
Asimismo, invitó a la sociedad en general a estar vigilantes de la aplicación de la reforma.
El diputado Gene René Bojórquez Ruiz, del PAS e integrante de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, recordó que una de las dos iniciativas señaladas la presentó quien fuera diputada de su partido en la 62 Legislatura, Jesús Angélica Díaz Quiñónez, junto con el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño.
Aseguró que la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del Covid 19, ha afectado a los grupos más vulnerables, ya que es a ellos a quienes la situación de pobreza golpea más.
De igual manera aseguró que la reforma cumple cabalmente con los parámetros constitucionales y de derechos humanos, ya que la Carta Magna protege a las personas que tienen una menor capacidad para contribuir con los gastos públicos, y por ello, su derecho al acceso al agua debe de ser protegido y garantizado.
Aclaró que la reforma mantiene intacta la participación ciudadana dentro de los consejos de las Juntas de agua potable, ya que dichos órganos de administración continuarán con sus facultades de elaborar las propuestas de tarifas y cuotas que serán presentadas ante el Congreso para ser analizadas y, en su caso, aprobadas.
El diputado Feliciano Valle Sandoval, del PRI e integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que también participó en la elaboración del dictamen, afirmó que se rescata lo más noble que como Congreso del Estado se puede hacer, que es proteger a los grupos sociales vulnerables.
Señaló que tres de cada cuatro jubilados y pensionados tienen ingresos menores de cinco mil pesos, y que al igual que ellos, las personas adultas mayores y discapacitadas también merecen tener mejores condiciones de vida.
Se les hace justicia, subrayó, ya que por sus condiciones económicas están en una clara condición de desigualdad.
El agua, expuso, juega un papel fundamental en casi todos los ámbitos de la vida del ser humano y por tanto es un factor clave para la existencia.
