En una sesión maratónica que se prolongó hasta la madrugada de este viernes, el Congreso del Estado de Sinaloa decidió quitarle el fuero constitucional al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Esta medida fue solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE), que ha presentado acusaciones en su contra por el uso indebido del servicio público en relación con la contratación irregular de 126 patrullas, con un costo superior a los 171 millones de pesos.
Los 39 legisladores presentes votaron de manera unánime para que tanto Vargas como el diputado local Genaro García Castro, también involucrado en el proceso, enfrentaran las consecuencias legales de sus acciones. La sesión se llevó a cabo en un ambiente de hermetismo, donde solo tuvieron acceso los miembros del Congreso y los funcionarios de la FGE, incluida la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien presentó los detalles de la investigación.
A pesar de haber sido notificados sobre su derecho a defenderse, Gerardo Vargas y Genaro García decidieron no asistir a la audiencia, lo que privó a los legisladores de escuchar sus versiones de los hechos. El ambiente de aislamiento se intensificó por la prohibición de ingreso de dispositivos móviles en el Salón de Plenos.
Pasada la 1:30 a.m., el Congreso confirmó que se había decidido quitarle el fuero a Gerardo Vargas, seguido poco después por la misma resolución para Genaro García. La FGE presentó expedientes separados, con más de 160 páginas cada uno, que detallan los delitos de corrupción de los que se les acusa.
Ahora, ambos funcionarios deberán enfrentar el proceso judicial, lo que permitirá a la Fiscalía proceder con las acciones penales correspondientes. En una rueda de prensa posterior, los líderes legislativos confirmaron el desenlace del caso y anunciaron que este viernes a las 11:00 horas se llevará a cabo otra sesión para elegir un nuevo alcalde para Ahome, sin descartar a ningún candidato, incluyendo a diputados locales.
Las acusaciones se centran en las irregularidades relacionadas con el arrendamiento de patrullas, donde se reveló que el contrato se realizó mediante designación directa, en lugar de un proceso de licitación pública. Además, se identificó un daño patrimonial de 14.5 millones de pesos por un servicio de renta que no se prestó adecuadamente.
