Un informe reciente de las organizaciones Artículo 19 y R3D ha sacudido el panorama político en México al revelar que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se espió de manera ilegal a 456 personas entre abril y mayo de 2019 usando el software Pegasus. Esta situación convierte a México en el país con más víctimas de este programa espía en ese periodo, lo que plantea serias preguntas sobre la vigilancia estatal y la protección de derechos humanos en el país.

La información fue obtenida a partir de documentos judiciales relacionados con el caso que enfrenta a WhatsApp contra NSO Group, la empresa israelí desarrolladora de Pegasus. Durante una audiencia, representantes de NSO confirmaron que México figuraba entre sus clientes, contradiciendo las declaraciones del presidente López Obrador, quien ha negado haber recurrido a prácticas de espionaje durante su administración.

“Esta información inédita muestra, por primera vez, la escala del espionaje estatal con Pegasus que ha sido sistemáticamente negada por el gobierno mexicano”, afirmó Artículo 19, enfatizando la gravedad de la situación.

El listado de personas afectadas, presentado como prueba en el juicio, revela que México lidera la lista con 456 casos, seguido por India con 100 y Baréin con 82. Las organizaciones han denunciado que estos datos reflejan “la verdadera magnitud de la vigilancia ilegal en México y la gravedad del encubrimiento de estos abusos”. En respuesta, han hecho un llamado al gobierno de Claudia Sheinbaum para que inicie una investigación imparcial, garantizando justicia a las víctimas y estableciendo límites claros al poder de vigilancia del Estado.

El caso se remonta a 2019, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional firmó un contrato para adquirir Pegasus. Aunque inicialmente se negó la existencia de este acuerdo, el Instituto Nacional de Transparencia ordenó la entrega de versiones públicas de los contratos relacionados, pero la dependencia se negó a cumplir con esta orden.

Pegasus es un software altamente sofisticado que permite infiltrarse en dispositivos móviles sin dejar rastro, accediendo a mensajes, correos electrónicos, fotos y archivos, e incluso activando la cámara y el micrófono sin el conocimiento del usuario. La revelación de este escándalo de espionaje no solo destaca la vulnerabilidad de los ciudadanos ante el abuso de poder, sino que también subraya la necesidad urgente de establecer regulaciones claras y efectivas sobre el uso de tecnología de vigilancia en México.

Con información de López-Dóriga Digital.

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