La Iglesia católica en México se manifestó este domingo en contra de la noción de que el aborto sea un derecho en el país. Además, hizo un llamado a no utilizar el caso mediático de un bebé abandonado en la calle como justificación para legalizar la interrupción del embarazo, a pesar de las leyes vigentes y las sentencias de la Suprema Corte que prohíben su penalización.
En su editorial dominical “Desde la Fe”, la arquidiócesis mexicana hizo referencia al caso de un recién nacido que fue dejado en la calle el martes pasado en Tultitlán, Estado de México. Afortunadamente, el bebé sobrevivió, mientras que sus jóvenes padres enfrentan acusaciones por intento de homicidio.
La Iglesia subrayó que “los bebés no son responsables” y cuestionó a aquellos que argumentan que la aprobación del aborto podría prevenir situaciones como esta. “La publicidad engañosa hace creer que el aborto es un derecho”, reiteró la Arquidiócesis, calificando la interrupción del embarazo como una acción que implica “muerte”.
“La práctica del aborto resulta en la muerte del ser humano en desarrollo, independientemente de su legalidad; la muerte es un hecho”, agregó la Iglesia.
A pesar de esta postura, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el delito de aborto en el país, lo que obligó a los estados a modificar sus leyes y garantizar el acceso a servicios seguros de interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Este tema ha generado un intenso debate en México, especialmente por la desinformación sobre los métodos seguros de aborto y los plazos que algunas ONG consideran insuficientes para acceder al servicio.
La arquidiócesis también destacó que el suceso de abandono del bebé “no solo es un acto de crueldad, sino que también es ilegal, dado que ocurrió en un momento avanzado del embarazo”.
Cabe mencionar que en el Estado de México, el aborto voluntario fue despenalizado apenas en noviembre de 2024, lo que ha retrasado la garantía de servicios para mujeres y personas gestantes que desean interrumpir un embarazo.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han señalado que la criminalización social continúa siendo una de las principales barreras que impiden el acceso a un aborto seguro en el país.
Hasta el momento, 21 de los 32 estados han despenalizado el aborto como una opción voluntaria antes de la semana 12 (y en Sinaloa, hasta la semana 13), alineándose con la sentencia de la Corte que determinó que prohibir la interrupción del embarazo vulnera derechos fundamentales como la dignidad humana, la autonomía reproductiva y la salud.
En los 11 estados restantes, el aborto solo es permitido en casos de agresión sexual y otras circunstancias legales que amenacen la vida o salud de la persona gestante.
Con información de EFE.
