El diputado de Morena, Serapio Vargas Ramírez, ha alzado la voz enérgicamente tras un preocupante incidente en el que militares de la Secretaría de la Defensa Nacional irrumpieron en sus oficinas y bodegas de maíz en la localidad de Costa Rica, Culiacán. El suceso, que ocurrió la noche del jueves entre las 21:00 y las 22:00 horas, ha generado una ola de indignación y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza militar en situaciones que no cuentan con justificación legal.
De acuerdo con el testimonio del diputado, el operativo se llevó a cabo sin ninguna orden de cateo, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de las acciones de los militares. Durante la incursión, el vigilante de las instalaciones, un adulto mayor identificado como Cesáreo Castro Abarca, fue agredido y sometido por los elementos del ejército. Según Vargas, los soldados lo sacaron de su caseta de vigilancia de manera violenta, manteniéndolo bajo un intenso interrogatorio sobre la propiedad y las actividades que se realizaban en el lugar. En un acto de total impunidad, le quitaron su teléfono celular, dejándolo incomunicado durante aproximadamente una hora.
El diputado también denunció que durante esta violenta incursión, los militares causaron daños significativos en las oficinas administrativas, rompiendo candados y puertas, e incluso desordenando documentos y archivos importantes. “Esto es un acto fuera de la legalidad. Yo no tengo que pedir permiso para denunciarlo”, enfatizó Vargas Ramírez, subrayando la gravedad de la situación y la falta de respeto a los derechos humanos.
La indignación del diputado fue palpable al señalar que este tipo de abusos no solo afectan a figuras públicas, sino que pueden tener repercusiones aún más graves para ciudadanos comunes. “Si esto le hacen a un diputado, ¿qué no le harán a un ciudadano común?”, cuestionó, instando a la sociedad a tomar conciencia sobre la vulnerabilidad que enfrentan en casos similares.
Vargas Ramírez exigió una disculpa formal por parte de la Sedena y anunció que, de no recibir una respuesta adecuada, procederá a presentar una denuncia ante el Ministerio Público Militar y la Fiscalía General del Estado. “Mi empresa se dedica a actividades legítimas y no hay justificación para este tipo de acciones”, afirmó, mostrando su determinación de defender sus derechos y los de todos los ciudadanos que pudieran estar en situaciones similares.
Este incidente ha abierto un debate sobre el uso de la fuerza militar en operaciones que carecen de respaldo legal y ha puesto de manifiesto la necesidad de salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos en un estado de derecho. El compromiso del diputado con la justicia y la legalidad resuena en sus acciones y palabras, y su llamado a la rendición de cuentas es un recordatorio de la importancia de proteger los derechos fundamentales en cualquier circunstancia.
