El reciente pronunciamiento del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) sobre la revocación de mandato del gobernador Rubén Rocha Moya ha generado un intenso debate. Desde el primer día que se planteó este tema, el Dr. Gilberto Plata, ex magistrado y actual analista en las mesas de “Viva la Noticia” y “Goyo310”, anticipó que el trámite no prosperaría, argumentando que no procedía debido a la retroactividad de la ley.
La negativa del IEES a permitir que los sinaloenses inicien este proceso de revocación ha suscitado críticas y argumentos en defensa de la transparencia y la rendición de cuentas. Muchos consideran que la revocación de mandato es un mecanismo esencial para que los ciudadanos ejerzan su derecho a decidir sobre la continuidad de sus gobernantes. Sin embargo, la interpretación de la ley en este caso ha sido objeto de controversia.
Los defensores de Rocha Moya sostienen que la Ley de Revocación de Mandato, promulgada en 2024, no puede aplicarse retroactivamente a un gobernador electo en 2021. Según esta visión, la ley debería ser beneficiosa para los gobernantes y no perjudicial. No obstante, el Dr. Plata y otros analistas subrayan que esta postura limita el derecho de los ciudadanos a exigir cuentas y a participar activamente en la política.
La decisión del IEES, entonces, plantea una pregunta fundamental: ¿estamos dispuestos a aceptar una interpretación de la ley que limite la voz de los ciudadanos? La democracia no solo se construye en las urnas, sino también en la posibilidad de exigir cuentas a nuestros gobernantes durante su mandato. Aunque la ley puede tener sus restricciones, el sentido común y la voluntad popular deben prevalecer.
Sin embargo, es importante señalar que, al final, la revocación de mandato parece quedar en un mero discurso, especialmente en un contexto donde los actores políticos están encampañados. Las promesas de rendición de cuentas y la posibilidad de revocar a un mandatario se desvanecen si no se traducen en acciones concretas. La política se convierte en un espacio de retórica vacía cuando no se permite a los ciudadanos ejercer verdaderamente su capacidad de decisión.
En conclusión, la negativa del IEES a abrir el proceso de revocación de mandato no solo representa un fallo administrativo. También es un desafío a la capacidad de los sinaloenses de decidir sobre su futuro, dejando la revocación de mandato en un simple discurso, sin un camino claro hacia la acción.
