Por considerar que la vivienda digna es un derecho esencial y una piedra angular para el desarrollo de cualquier sociedad, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, integrado por los diputados doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño y la MC. Angélica Díaz Quiñónez se pronunciaron a favor de la reforma del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destinada a garantizar el acceso a una vivienda digna para las personas trabajadoras.
En tribuna. La diputada MC. Angélica Díaz Quiñónez señaló que, en el Partido Sinaloense, se cree firmemente que la vivienda no es solo una estructura física, sino un símbolo de dignidad y seguridad y asegurar un techo propio que contribuye a la paz social, mejora el rendimiento y la productividad de las personas, y refuerza el sentido de pertenencia y comunidad.
“Una política de vivienda bien diseñada tiene efectos multiplicadores en todos los aspectos de la vida social y económica, y es fundamental para la prosperidad de Sinaloa. Una vivienda adecuada permite a las personas crecer y prosperar, y contribuye directamente al fortalecimiento de nuestras comunidades”, señaló la diputada Angélica Díaz.
Añadió que la minuta de reforma constitucional que hoy ocupa propone un sistema de vivienda socialmente orientado, facilitando el acceso a créditos accesibles y ofreciendo opciones de arrendamiento con tarifas justas, promoviendo así la igualdad económica y la estabilidad de las familias trabajadoras.
Asimismo, explicó que, además, es destacable la innovación que introduce esta reforma al requerir la participación activa del sector empresarial. Las contribuciones obligatorias de empresas de diversos sectores como el agrícola, industrial y minero destinado a un fondo nacional de vivienda representan un enfoque responsable y solidario hacia el bienestar social. Estas aportaciones impulsarán el crecimiento urbano y dinamizarán la economía local, especialmente en regiones como Sinaloa, donde la vivienda sigue siendo un reto para muchos trabajadores y sus familias.
“Queremos enfatizar también que esta propuesta no es solo un ejercicio legislativo, sino un compromiso ético con quienes más lo necesitan. La prioridad que se otorga a las personas trabajadoras que han contribuido de manera constante al fondo, y que aún no poseen un hogar, subraya el principio de equidad que guía esta reforma. Es una forma concreta de garantizar que los beneficios se dirijan primero a quienes han mostrado una mayor necesidad y dedicación”.
Por otro lado, explicó que la creación de un organismo especializado para administrar este fondo no es un simple requisito burocrático, sino una estrategia para garantizar la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos y con la participación conjunta de gobierno, trabajadores y empleadores, se asegura una administración responsable que maximice el impacto positivo en la vida de la gente y optimice el uso de los recursos disponibles.
“En el Grupo Parlamentario del PAS estamos convencidos de que este proyecto no sólo marca un avance hacia la justicia social, sino que también sienta las bases para mejorar de manera tangible las condiciones de vida de las familias en Sinaloa y a nivel nacional. Apoyar esta reforma es un acto de justicia y solidaridad, un compromiso con un futuro donde cada trabajador tenga la oportunidad de vivir con dignidad y seguridad”
