Mientras el sol se asoma en el horizonte de Culiacán, la ciudad se encuentra sumida en un caos que parece no tener fin. En su tercer día de violencia, la situación se torna cada vez más crítica, y en medio de este torbellino, Feliciano Castro se aferra a la idea de llevar a cabo una consulta en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). La pregunta que todos nos hacemos es: ¿vale la pena arriesgar la seguridad de los participantes por un capricho político?

La realidad es que la consulta, en el contexto actual, se presenta como una irresponsabilidad. La exposición de los ciudadanos a un entorno tan peligroso no solo pone en riesgo sus vidas, sino que también convierte a Castro y a sus diputados en los posibles responsables de cualquier eventualidad que pudiera ocurrir. La historia nos ha enseñado que los caprichos políticos pueden tener consecuencias devastadoras, y este caso no debería ser la excepción.

Si realmente se quiere llevar a cabo esta consulta, ¿por qué no dejar que la próxima legislatura se encargue de ello? En unos días, los nuevos representantes asumirán sus cargos y tendrán la oportunidad de evaluar la situación con una perspectiva renovada. Sin embargo, lo que parece suceder es que el apuro por realizar la consulta responde más a un deseo de demostrar algo que a un verdadero interés por el bienestar de la ciudadanía. En tres años, la administración de Castro ha enfrentado múltiples fracasos en el ámbito jurídico, y esta consulta parece ser un intento desesperado por obtener algún tipo de logro que, hasta ahora, se les ha escapado.

Es lamentable ver cómo la política se convierte en un juego de intereses personales y ambiciones desmedidas. En lugar de priorizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, parece que algunos políticos están más preocupados por mantener sus posiciones y presumir logros que, en realidad, no son más que espejismos. La ciudadanía merece representantes que actúen con responsabilidad y sensatez, especialmente en tiempos de crisis.

En conclusión, la situación en Culiacán exige un liderazgo que sea capaz de tomar decisiones acertadas y que priorice la vida de las personas por encima de cualquier capricho político. La consulta puede esperar, pero la seguridad y el bienestar de la comunidad no deberían ser objeto de regateo. Los políticos deben asumir sus responsabilidades y actuar en consecuencia, porque al final del día, son ellos quienes deben rendir cuentas ante la sociedad.