En el turbulento y siempre intrigante escenario político de Sinaloa, el Congreso del Estado vuelve a ser el epicentro de una tormenta. Esta vez, las sesiones extraordinarias han sido convocadas debido a la renuncia de Sara Bruna como fiscal, una decisión que ha suscitado un torbellino de preguntas e indignación.
La renuncia de Sara Bruna llega en un momento crítico, tras no haber ofrecido resultados satisfactorios en la investigación del asesinato de Héctor Cuén, un caso que ha conmocionado a la sociedad sinaloense y puesto a prueba la credibilidad de las instituciones de justicia del estado. La ineficacia percibida en la resolución de este caso ha sido la gota que derramó el vaso, desencadenando una ola de críticas y cuestionamientos sobre su capacidad para desempeñar el cargo.
Desde su nombramiento, la cercanía de Bruna con figuras clave del gobierno actual había sembrado dudas respecto a su imparcialidad. Los diputados, sin embargo, defendieron vehementemente su elección, asegurando que poseía el mejor perfil para la fiscalía. Ahora, con su renuncia, estos mismos diputados se enfrentan a la necesidad de justificar su decisión inicial y explicar por qué el “mejor perfil” no logró cumplir con las expectativas.
Las sesiones extraordinarias no solo deben servir para abordar la dimisión de Bruna, sino también para que los diputados rindan cuentas sobre su papel en su nombramiento. Es imperativo que aclaren las razones detrás de su fervorosa defensa de Bruna y las circunstancias que llevaron a su eventual fracaso en un caso de tan alta relevancia.
El caso de Héctor Cuén no es solo un expediente más; es un símbolo de la lucha por la justicia y la seguridad en Sinaloa. La incapacidad para resolver su asesinato ha puesto de manifiesto las debilidades estructurales y operativas dentro de la fiscalía, y ha dejado a la ciudadanía con una sensación de desamparo y desconfianza.
Legalmente, la responsabilidad de la designación de Sara Bruna recae sobre los diputados. Es su deber no solo seleccionar a los mejores candidatos, sino también supervisar y evaluar su desempeño de manera continua. La renuncia de Bruna debe ser vista como una oportunidad para reflexionar y reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro del Congreso.
En el juego del doble discurso, la transparencia y la integridad no pueden ser meros adornos retóricos. Los ciudadanos de Sinaloa merecen una explicación clara y honesta sobre lo que ha ocurrido y, más importante aún, merecen ver acciones concretas que restauren la confianza en sus instituciones. Los diputados tienen la obligación de actuar con responsabilidad y valentía, demostrando que están comprometidos con la justicia y el bienestar de su comunidad.
