La renuncia a su empleo de 22 años de ejercicio del abogado defensor de oficio que se le había impuesto al Encargado del Despacho de Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Robespierre Lizárraga Otero, además de generar incertidumbre es una “celada” en contra de las autoridades universitarias involucradas en este proceso.
A través de los micrófonos de RadioUAS, Lizárraga Otero y el Asesor Jurídico de la UAS, doctor Ramón Bonilla Rojas, coincidieron en que este “no es un procedimiento normal” ya que aduce un efecto corruptor por la forma en que se está desarrollando. Informaron de lo ocurrido en la audiencia para nombramiento de abogado que se llevó a cabo este viernes, derivada de la audiencia para revisión de medidas cautelares del martes 13 donde el Juez le impuso al primero un defensor de oficio y se le sumaron otros tres abogados públicos.
“Que sorpresa que cuando me presento y debería estar la Defensoría Pública el señor no llegó”, expresó Lizárraga Otero al detallar que a media audiencia y sin haber receso se presentaron espontáneamente un grupo de defensores públicos quienes le informan que el abogado de oficio José Francisco Martínez Reyes renunció a su empleo por motivos personales, sin poder corroborar si en realidad lo corrieron, terminó nombrando a un defensor privado y en una semana el Juez fijará la fecha para reanudar la audiencia del martes.
“Lo que aquí me preocupa evidentemente sin tener más información y datos, es qué suerte está corriendo este defensor, no quisiera pensar que producto de la actuación de él en la audiencia del martes 13 haya tenido alguna consecuencia: que le hayan pedido su renuncia, vamos a estar pendientes de esa situación (…) nada ha sido ordinario y normal en este proceso (…) “estos acontecimientos lo que generan es incertidumbre”, expresó.
Consideró que está de por medio la seguridad jurídica de quienes acuden a las audiencias por la forma en que éstas se desarrollan.
“Las causas penales que se están enfrentando son consecuencia de que se está defendiendo la Autonomía, son delitos inventados y fabricados, que lamentablemente las instituciones de procuración, investigación e impartición de justica están controladas por el Estado y aunado a una narrativa mediática hostil en contra de la Universidad tienen todo este crispado ambiente en contra de la Universidad”, aseguró.
El abogado Ramón Bonilla Rojas coincidió en que este no es un procedimiento normal y afirmó que “son procedimientos jurídicos que se utilizan para ajuste de cuentas con enemigos políticos”, para los enemigos del estado, son procesos penales “amañados” que carecen de rigor jurídico y que atienden a una venganza política, pues el ahora ex Secretario de Gobierno dijo públicamente que los universitarios eran enemigos del estado.
Enfatizó que a los universitarios imputados se les quiere imponer una defensoría pública, cuando la defensoría pública depende de la Secretaria General de Gobierno y ésta responde a los intereses del Gobernador, y se deben tener presente las declaraciones del ex secretario de gobierno y del propio Gobernador quién dijo que los funcionarios universitarios deben terminar en la cárcel, por lo que ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial local pueden pretender que haya un defensor público porque se está viciando el procedimiento.
“Está claro que a quien le quieren poner una celada es a los funcionarios de la universidad porque quieren o pretenden que ni siquiera tengan un defensor particular, quieren que el defensor público de los universitarios sea un defensor público que responda a las órdenes del Poder Ejecutivo, mayor abuso que ese no puede haber”, manifestó.
El director de Comunicación Social, ingeniero Arnoldo Valle Leyva, agregó que la Universidad está trabajando para que regrese el doctor Jesús Madueña Molina a la Rectoría y en cada área de la institución se mantienen las labores para seguir construyendo y creando en bien de los jóvenes sinaloenses, mientras que Lizárraga Otero llamó a los universitarios y a la sociedad a informarse bien para que tomen una postura que será la de defender a la Universidad pública, y que se sumen a las movilizaciones seguros de que están en el lado correcto.
