Los grupos parlamentarios del PAS, Morena y PRI advirtieron que la violencia familiar es un problema creciente en Sinaloa y en el país, por lo que se pronunciaron por realizar acciones que detengan y solucionen este problema.
Incluso advirtieron que en gran parte las víctimas de este delito tienen a los enemigos dentro de casa, porque ahí están los principales agresores.
En el punto de Asuntos Generales de la Sesión Ordinaria de este jueves, la primera en abordar el tema fue la diputada María del Rosario Osuna Gutiérrez, del PAS, quien advirtió que este delito continúa imparable, y que son las, mujeres, niñas y niños los más afectados.
Con datos de la Fiscalía General, dijo que en los primeros cuatro meses del presente año se han presentado 11 mil 318 denuncias de delitos contra mujeres, que incluyen 10 feminicidios.
Agregó que la Secretaría de las Mujeres informa que de enero a mayo del 2023 se han contabilizado mil 900 carpetas de investigación y de ellas sólo a 200 se les ha otorgado la orden de restricción, pero que además no son supervisadas por falta de policías.
Ante ello, se pronunció por dotar a las instituciones de recursos materiales, humanos y financieros para su implementación y resultados, porque de no hacerlo se incurrirá en simulación.
Es necesario, añadió, contar con políticas públicas efectivas en prevención, con metas evaluables, así como una estrategia integral que involucre a todas las autoridades relacionadas con la protección de las mujeres y del núcleo familiar.
El diputado Ricardo Madrid Pérez, del PRI, lamentó que la violencia familiar siga cobrando vida de mujeres, y que los resultados del combate a esta problemática no sean alentadores, sobre todo porque Sinaloa ocupa el segundo lugar nacional en feminicidios.
Además, consideró que las estadísticas sobre violencia familiar son sólo las denuncias que se tienen, pues falta sumar los casos que no se denuncian por miedo o porque muchas veces el agresor está dentro de la misma familia.
Ante ello aclaró que no sólo las dependencias relacionadas con esta problemática son las únicas responsables de atenderlas, sino que todos y todas las sinaloenses deben participar con acciones concretas para tener resultados tangibles.
La diputada María Victoria Sánchez Peña, de Morena, resaltó que dentro del delito de violencia familiar también entran las agresiones a las personas adultas mayores, e incluso con casos de homicidios.
En lo personal insistió en que se apruebe su propuesta de crear la Procuraduría de las Personas Adultas Mayores
Estas personas mayores, dijo, están muriendo en manos de sus propios familiares, tienen a los enemigos dentro de su propia casa
La diputada Almendra Ernestina Negrete, de Morena, expresó que “ni una más, es la exigencia y el deseo” y aclaró que los feminicidios son problema de todas y todos.
Aseguró que de parte del Congreso todas las fuerzas políticas han trabajado en una agenda legislativa común, e incluso de la mano del gobernador Rubén Rocha Moya, para garantizarles todos los derechos a las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
No vamos a parar, aseguró, hasta que vayamos frenando y erradicando la violencia contra las mujeres.
La diputada Verónica Bátiz Acosta, de Morena, expuso que ante la alta incidencia de los delitos señalados se debe hacer una revisión y actualización de las estadísticas, para no empezar tareas que no se van a alcanzar a concluir o fortalecer.
Una de las rutas a seguir, agregó, es la construcción de una cultura de paz, que genere calidad de vida a la población sinaloense desde su infancia, y para ello se requiere reeducar y regenerar las mentalidades de quienes tienen a su cargo la formación de las nuevas generaciones.
La diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del PRI, reconoció que las Legislaturas 63 y 64 han realizado esfuerzos para atender y ayudar en dotar de las herramientas necesarias a las áreas de administración, procuración de justicia y de prevención de la violencia.
Sin embargo, reconoció, ello no ha sido suficiente.
También se pronunció por hacer una valoración de lo que se ha hecho y de lo que ha impedido avanzar en la solución, pues no sólo es generar leyes, sino garantizar que éstas tengan “dientes” para su aplicación, para que no sean letra muerta.
