La Secretaria María Inés Pérez Corral, por instrucción del Gobernador Rubén Rocha Moya, atendió el caso de 42 personas indígenas que eran detenidas contra su voluntad en un campo agrícola donde les prometieron trabajo digno y no cumplieron.
Se dio y seguirá dando acompañamiento a los que decidan quedarse en Sinaloa a trabajar velando porque sus derechos humanos sean respetados en todo momento.
Culiacán, Sinaloa, a 27 de enero de 2023.- Como parte de las labores que realiza la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) en atención a las víctimas de desplazamiento forzado interno, la Secretaria María Inés Pérez Corral acompañó personalmente a un joven indígena que denunció que sus compañeros procedentes de Chihuahua trabajaban bajo condiciones inhumanas en un campo agrícola del norte del estado.
La titular de SEBIDES relato que el viernes 20 de enero se comunicó con ella el enlace de ACNUR, Agencia de la ONU para Refugiados, para pedirle ayuda con un caso de posible trata de personas y violación de derechos humanos de víctimas de desplazamiento forzado que se está llevando a cabo en el norte del estado, en un campo agrícola ubicado en el municipio de Ahome.
Una vez que la Secretaria se comunicó con el afectado, este le contó la travesía que había vivido él y sus compañeros al llegar a Sinaloa con la intención de trabajar y que solo habían recibido malos tratos.
Le relato que ellos son indígenas desplazados de la comunidad de Las Milpillas o Milpas, del Municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, y que una vez que estaban en la cabecera municipal les ofrecieron venirse a trabajar Los Mochis con la promesa de condiciones dignas.
Al llegar ellos aquí a Sinaloa no recibieron lo prometido, al contrario, al llegar separaron a algunos padres de hijos y se llevaron a otros a trabajar al estado de Jalisco, además, los que se quedaron en Sinaloa viven hacinados, nunca les pusieron una cocina para poder usarla, solo tenían una tiendita donde les vendían la comida ya procesada a 100 pesos diarios, por lo que el campo solo les entregaban 40 pesos de lo trabajado para sus gastos.
Ya con la anuencia de la Secretaria General de Gobierno y las instancias de Derechos Humanos, tanto estatal como federal, Pérez Corral acompañó al joven afectado a interponer la denuncia antes la Vicefiscalía de la Zona Norte, donde se tomó la decisión de realizar un operativo para rescatar a estas víctimas.
