En este comunicado se expresa una serie de lineamientos donde de manera jurídica y detallada el alcalde aclara lo preocupante que debería ser para el estado lo aprobado por la SCJN y esto es lo que explica en el siguiente comunicado:
La promoción de controversias constitucionales que hoy revisa la Suprema Corte, no obedece a ningún acto personal, sino a la búsqueda de la aplicación de la ley y la defensa de los intereses del pueblo representado por los ayuntamientos; así como tampoco responde a fobias personales, sino a la defensa del uso correcto y transparente del presupuesto público tal y como lo mandata la misma ley.
Es por eso que es importante hacer las siguientes aclaraciones y precisiones respecto al fallo de la Suprema Corte de justicia de la Nación; por lo que miente quien diga que fue un revés para Jesús Estrada Ferreiro, cuando quien verdaderamente recibió el revés fue el Ayuntamiento de Culiacán y los otros 17 municipios del Estado de Sinaloa.
Los alcaldes somos pasajeros. Las instituciones NO. De entrada, esa es la primera imprecisión de quienes tratan de desorientar a la gente con fines perversos.
1.- Es menester precisar que la Sindica Procuradora por acuerdo del Cabildo, que es la máxima instancia de gobierno del Ayuntamiento de Culiacán, promovió ante la Suprema Corte de justicia, la controversia constitucional en contra de un acto que se consideró inconstitucional como fue el decreto 645 de la Ley de Seguridad Pública Municipal en el cual mandata la homologación de las pensiones en beneficio de las viudas de policías. En pocas palabras, El Congreso ordenó pero no proveyó lo conducente para que el Estado dotara de los recursos económicos a los municipios para poder cumplir con esta nueva obligación.
2.- El pasado día 10 de noviembre del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la mencionada controversia 109/2021 interpuesta por la Síndica Procuradora y dicho fallo validó el decreto emitido por el Congreso del Estado. Es decir, ante la validez del Decreto 645 de la Ley de Seguridad Pública Municipal, las viudas de policías municipales podrán recibir el monto de su pensión homologada en los términos de dicha Ley. Es convicción personal y obligación del Municipio y sus nuevas autoridades acatar dicha ley validada por la Suprema Corte, pues vivimos en un estado de derecho.
3.- En lo personal felicito a las personas beneficiadas con lo resuelto por la corte pues los recursos que reciban les darán una mejor calidad de vida lo cual no podríamos oponernos; pues lo que se cuestionó en todo momento, fue el riesgo inminente de la capacidad financiera de los municipios incluyendo a Culiacán y no poner en riesgo la capacidad de cumplir con la prestación de servicios que reclaman la mayoría de los ciudadanos y a lo cual tienen derecho de acuerdo al artículo 115 constitucional.
4.- Para quienes intentan hacer creer al pueblo que la resolución de la Controversia Constitucional afectará en contra de Jesús Estrada Ferreiro, esto es falso, solo pretenden desorientar a la gente que repudia la persecución política en mi contra, por lo cual hacemos la siguiente precisión. La controversia la perdió el Municipio de Culiacán quien fue el promovente de dicha controversia.
En lo particular, nunca estuve ni estoy en contra de las viudas de policías municipales. Reitero, mi postura fue como Presidente Municipal pues tenía la obligación de cuidar las finanzas públicas para garantizar los intereses de la sociedad en general.
5.- La Ley está sujeta a interpretación, y si la Suprema Corte de Justicia la interpretó de esa manera; lo único que queda es respetar y hacer que se respete tal resolución, pues vivimos en un estado de derecho y debemos respetar la Ley.
Hoy esa obligación legal la tendrá que cumplir y cubrir cabalmente, las nuevas autoridades municipales.
En lo que a mi administración corresponde, hay que dejar en claro que tan pronto estuvimos en posibilidades económicas y financieras, y al margen de que haya existido una controversia constitucional en trámite; se dio cumplimiento a dicha Ley reformada pagando lo que correspondía de dichas pensiones homologadas a la totalidad de las viudas de policías municipales. Ello está ampliamente acreditado con las listas de raya de las beneficiarias, en los archivos contables del Ayuntamiento de Culiacán y en los juicios políticos JP/002/2022 y JP/004/2022 en el Congreso del Estado.
Por ello, el resultado del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no causa afectación en mi persona, ni causa ninguna afectación en mi contra dentro los juicios políticos, ni en los juicios de amparo en trámite; pues quedó acreditado que se cumplió con la Ley.
6.- Además, no puedo omitir manifestar mi preocupación hoy como ciudadano, y ayer como Presidente Municipal respecto a la insolvencia económica y financiera de los 18 municipios del Estado de Sinaloa para cumplir con esa obligación que no estaba prevista en el Presupuesto Municipal, ni tenía clara alguna fuente de ingresos para su pago.
Tan solo en Culiacán, más del 75% del presupuesto se aplica a nóminas de empleados de confianza, sindicalizados, eventuales, jubilados, pensionados, incluyendo policías de tránsito y municipales con retiro voluntario. Más carga financiera sin ampliar sus ingresos, va en detrimento de las mayorías.
En Culiacán hay un déficit o faltante de 1,000 policías en promedio y lo que ello implica que es dotarlos de patrullas, uniformes, armamento, chalecos antibalas, combustibles, capacitaciones, y mantenimiento de sus equipos lo cual desde luego no se ha podido cubrir por falta de recursos presupuestados.
7.- Por todo lo anterior, resulta urgente que el Gobernador Rubén Rocha Moya solicite al Congreso del Estado la asignación de recursos en el presupuesto para 2023 de una partida especial para solventar tan delicada situación económica y financiera; pues a la fecha sigue habiendo manifestaciones de policías y viudas de policías que no han recibido a cabalidad sus prestaciones legales en tiempo y forma; y esto resulta entendible por la falta de recursos económicos de que actualmente carecen los municipios. Si el Congreso toma decisiones con reformas de leyes, debe acompañarlas de los recursos necesarios para su aplicación, porque de lo contrario, lejos de resolver un problema, le genera y lo agrava muchos más a los municipios.
Las leyes, los acuerdos de gobierno o las políticas públicas en general, no debe proteger a unos en perjuicio de otros. El mejor gobierno es el pondera intereses, buscando siempre el bien común.
