El Pleno del Congreso del Estado, por unanimidad, y derivado del procedimiento de instrucción de Juicio Político promovido por un grupo de mujeres viudas de policías fallecidos en el cumplimiento de su deber, determinó como procedente formular acusación ante el Supremo Tribunal de Justicia, en contra de quien fungía como alcalde de Culiacán; para que sea este órgano jurisdiccional quién determine si existe o no la plena responsabilidad, y solicitando una sanción consistente en la destitución del cargo del denunciado así como la inhabilitación para ocupar cualquier cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio público por un periodo de seis años.
El diputado Feliciano Castro Meléndrez, Presidente de la Junta de Coordinación política, reivindicó que de esta manera el Congreso del Estado cumple con la atribución que la Constitución Política del Estado le confiere en el artículo 43, fracción XX, la cual determina que es facultad y obligación del Poder Legislativo conocer de las imputaciones formuladas mediante juicio político en contra de los servidores públicos, actuando como Órgano de acusación si resultare procedente.
“En tal sentido es imperante destacar que el procedimiento de juicio Político en el que hoy el Pleno del Congreso del Estado determinó como procedente formular acusación ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que sea este órgano jurisdiccional quien determine si existe o no la plena responsabilidad de quien resultara denunciado, con carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Culiacán al momento de los hechos”, expresó Feliciano Castro Meléndrez.
Se detalló que dicho procedimiento de Juicio Político derivó de una denuncia ciudadana presentada por un grupo de mujeres viudas de policías fallecidos en su deber, quienes legitimaron mediante elementos de pruebas ofrecidos y desahogados por las partes intervinientes, en igualdad de oportunidades, en apega y cumplimiento a los principios Constitucionales y de debido proceso, durante el procedimiento de instrucción de dicho juicio; la presunta responsabilidad del servidor público denunciado con carácter de Presidente Municipal en el momento de los hechos.
“Este Congreso garantiza el cumplimiento y la observancia a los principios Constitucionales, el debido proceso, la defensa técnica y adecuada y la presunción de inocencia. El Congreso reitera su compromiso por mandato Constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley en beneficio del pueblo sinaloense”, concluyó el también Coordinador de morena Feliciano Castro Meléndrez.
