Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado en la presente administración, tiene posibles irregularidades por cinco mil 640.6 millones de pesos, el monto más alto observado a una entidad del Gobierno federal en la Cuenta Pública correspondiente al 2020.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró el probable daño al erario por ocho mil 637 millones de pesos por parte de Segalmex y las empresas Diconsa y Liconsa, por faltantes de granos en bodegas, productos de canasta básica echados a perder e irregularidades en la entrega de granos a pequeños productores.
Segalmex, encabezada por Ignacio Ovalle, se encarga de operar la administración de Liconsa y Diconsa, en cuyas tiendas y lecherías se distribuyen productos de la canasta básica a bajo costo para las comunidades más alejadas y vulnerables del país.
La fiscalización de los entes de Gobierno contenida en la Cuenta Pública 2020 revela que Segalmex acumula la mayor cantidad por aclarar, con un monto que asciende a cinco mil 640 millones 592 mil 176 pesos; Liconsa tiene un monto pendiente por mil 583 millones 944 mil 761 pesos y Diconsa, mil 413 millones 356 mil 696.
Entre las inconsistencias, la ASF encontró que hubo un faltante de granos de maíz y frijol entre el importe registrado en el levantamiento físico de los inventarios y la suma reportada en el registro contable, que asciende a un daño por 185 millones de pesos.
Además, Segalmex no acreditó la existencia física de productos de la canasta básica, en el rubro de inventarios, por 27 millones 103 mil pesos.
Las inconsistencias también se extendieron a la compra de fertilizantes, abonos y plaguicidas, ya que el organismo no pudo acreditar su recepción, lo que generó un aparente daño por 49.9 millones de pesos.
El órgano fiscalizador encontró irregularidades también en la prestación del servicio especializado en apoyo de actividades institucionales de Segalmex, debido a la falta de documentación para comprobar sus actividades en campo, así como falta de confiabilidad en el registro de asistencias, entre otros, por 909 millones de pesos.
Desde su creación en este sexenio, Segalmex —considerado la Conasupo de la 4T— ha acumulado denuncias e inconsistencias que han sido documentadas por la propia ASF y por la Secretaría de la Función Pública, como la entrega de contrataciones sin licitación y compras simuladas, además de 20 denuncias ante la Fiscalía General de la República por corrupción.
Entre los casos destacan el de René Gavira Segreste, quien hasta julio del 2020 se desempeñó como director de Administración y Finanzas. En el 2019 asignó contratos por cerca de 800 millones de pesos a empresas cuyos propietarios han sido señalados por la ASF de participar en un esquema de contratación ilegal.
Alimentos echados a perder. En Diconsa, la ASF señaló una pérdida por cuatro millones 321 pesos en cinco almacenes, en los que se detectaron productos de carne echados a perder o en mal estado, sin que la empresa justificara la planeación de estas compras consolidadas.
Los alimentos caducados fueron encontrados en los almacenes Rural Atotonilco “El Grande”, Central Puebla, Cadereyta, La Luisiada y Central Puebla. En este último se realizó la destrucción de este alimento en mal estado.
El órgano fiscalizador también reportó un faltante de maíz que ascendió a 118 millones 545 mil pesos, ya que lo reportado por las actas y registros contables no coincidían. Al respecto, Diconsa informó que “se encuentran en proceso de conciliación” estas cifras.
En la empresa Liconsa, la ASF encontró varias irregularidades, desde la falta de acreditación de la recepción de leche hasta inconsistencias en el transporte de la misma.
Liconsa realizó pagos por 518 millones 422 mil pesos a cinco empresas por adjudicación directa, sin contar con la documentación que acredite la recepción de leche fresca, así como los servicios de maquila y secado de la misma.
En respuesta, el director de operaciones de Liconsa, quien previamente se desempeñó como apoderado legal, argumentó que “no hay una forma de justificar las causas de elegir un procedimiento de adjudicación directa, toda vez que estas justificaciones no se llevan a cabo, puesto que las contrataciones se realizaron a petición de los gerentes estatales”.
Por otra parte, la ASF reportó un posible daño por 620 millones 559 mil pesos sin que Liconsa cuente con la documentación que acredite la recepción de los servicios de transporte de productos lácteos.
El documento detalló que no se entregaron los anexos técnicos con el número de viajes, periodicidad y rutas de los mismos, por lo que el grupo auditor no contó con los elementos para verificar que la documentación soporte de la prestación del servicio corresponde a los viajes solicitados por Liconsa.
