Los mexicanos viviremos una experiencia histórica el 10 de abril pues decidiremos la revocación o ‘ratificación’ de Andrés Manuel López Obrador como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero digamos que parece impensable un resultado que ordene la deposición de AMLO como mandatario, según las múltiples encuestas de aceptación pública que se difunden ordinariamente.
El amplio campo de posibilidades, sin embargo, concede que podríamos amanecer con una noticia que sacudiría todas las estructuras de la nación si una mayoría de los votantes decide que López Obrador debe dejar el cargo. Tal posibilidad, insistimos, es mínima.
Mientras tanto, el desarrollo de un proceso constitucional de origen puramente democrático se convirtió en el asunto de discusión principal en el país y contribuye a elevar el nivel de polarizacion que predomina en México. El mandatario, desde las Mañaneras, junto a los opositores a su gobierno desde las redes, atizan diariamente para que así sea sin desearlo, concedamos.
AMLO descalifica la argumentación financiera del INE, mientras muchos adversarios al gobierno insisten en que este será un juego mediático que engrandecería solo al presidente.
El INE aduce que carece de recursos suficientes para efectuar una consulta popular que deberá ser similar a un proceso electoral nacional, lo que requiere la instalación del total de las casillas habituales, una amplia jornada de capacitación para los ciudadanos que participarán en el mismo y una intensa campaña de difusión que explique las característica de la Consulta con el objetivo de que todos los mexicanos inscritos en la lista nominal podamos participar con libertad en este ensayo.
No obstante la supuesta insuficiencia de recursos para cubrir estas condiciones, el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Viatella ratificó ayer que el Instituto no se ha detenido y está listo para organizar el ejercicio.
En reunión del Consejo, lamentaron la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para autorizarles recursos extraordinarios para la organización del proceso, tras cumplirse con el respaldo ciudadano del 3% de la Lista Nominal.
Durante la presentación de un Informe respecto de la verificación del porcentaje de firmas de apoyo ciudadano requerido para la Revocación de Mandato, el Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina notificó la recepción de un oficio suscrito por el Procurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina, en ausencia del titular de la SHCP, en el que Hacienda aseguró que no es viable otorgar recursos adicionales
El INE aduce que carece de recursos suficientes para efectuar el proceso, ya que “no existe disposición y asignación específica de recursos que permita aumentar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral u otorgar excepcionalmente recursos adicionales”.
La SHCP también reiteró que sólo el INE puede realizar la adecuación presupuestaria en su gasto con el presupuesto que le fue otorgado por la Cámara de Diputados.
En todo caso, dispuso, el incremento en su presupuesto aprobado se podrá realizar cuando obtenga “ingresos adicionales y se autorice la adecuación presupuestaria respectiva, informando a esta dependencia sobre el citado incremento, para efectos de la integración de los informes trimestrales y la cuenta pública”, a pesar de que en la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruye al INE a que “realice y gestione las adecuaciones presupuestales necesarias, sin afectar sus obligaciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales, a fin de estar en posibilidad de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades calendarizadas en el proceso de revocación de mandato”. O bien, “de subsistir la insuficiencia, realice las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de solicitar las ampliaciones presupuestarias que se requieran para el adecuado desarrollo del proceso de revocación de mandato”.
Pero la sentencia del TEPJF también alcanza e instruye a la SHCP para que, “en caso de que el INE haga una solicitud de ampliación presupuestaria para atender dicho proceso, dé respuesta a la brevedad de manera fundada y motivada y siga el procedimiento respectivo que dé cauce a la solicitud para que haga efectivo el derecho político de participación de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato”.
A pesar del contexto que impone la negativa de Hacienda, el INE garantiza que continuará con los trabajos aunque subraya que serán necesarias las definiciones próximas que adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación para clarificar la naturaleza del ejercicio y los recursos con los que éste debe llevarse a cabo.
El INE se encuentra listo para organizar la Revocación conforme a la ley, apegándose a las sentencias del Poder Judicial y con una amplitud a los recursos disponibles.
“Lo que viene depende de las capacidades y condiciones que han generado otros poderes para poder avanzar en el ejercicio de participación directa”, agregó.
La Consejera Carla Humphrey lamentó que el documento de SHCP fue entregado y firmado “por la quinta persona funcionaria suplente de esa Secretaría” una vez iniciada la sesión de ayer del Consejo lo que considera “un trato indigno” para el órgano constitucional autónomo.
A pesar de que el oficio de la SHCP habla de ‘cooperación’, no detalla cómo se llevaría a cabo ésta y recordó el consejero que “sigue sin haber respuesta de la Comisión Federal de Electricidad, ni del Instituto Mexicano del Seguro Social, ni tampoco de Talleres Gráficos de México respecto de las solicitudes que se han hecho para reducir costos”.
Y reviró: la realización del proceso “no es una obligación solamente del INE, sino de todo el Estado Mexicano garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos para todas las y los mexicanos, siendo éste el de participar en el ejercicio de Revocación de Mandato”.
La Consejera Dania Ravel coincidió también en que el proceso de revocación es una obligación de todo el Estado Mexicano, y anticipó que “sin esos recursos será necesario realizar una serie de ajustes al proceso”.
No queda claro cuáles serán estos ‘ajustes’ pero lo más probable es que se instalen menos casillas de lo habitual, lo que dificultaría a muchos su acceso a las urnas.
El principio democrático dicta que la ciudadanía debe tener la seguridad de que el 10 de abril tendrá a su alcance una casilla para ejercer su derecho a participar en este ejercicio histórico de participación ciudadana.
Para el Consejero Uuc-kib Espadas, no obstante, “en el estrangulamiento económico que hoy reitera la SHCP no hay nada que aporte a la construcción de un México democrático donde la administración pública sea pulcra y eficaz para las necesidades de la sociedad”, y ante ello “el Poder Judicial de la Federación ha sido colocado en un tránsito histórico, ya que deberá excluir el estrangulamiento presupuestal como instrumento de demolición de instituciones, tal como antes se utilizó para el estrangulamiento de gobiernos opositores”, aunque confió en que el Poder Judicial estará a la altura del reto formidable que tiene enfrente.
El Consejero José Roberto Ruiz Saldaña señaló que la negativa de recursos no es congruente con esa lucha que por décadas se hizo desde la izquierda para tener “un organismo electoral autónomo, fuerte; un árbitro capaz de poder desplegar sus atribuciones sin ningún regateo”, y acusó que “han sido otras instituciones las que no han contribuido, no han puesto su parte y aun así vamos a entregarles buenas cuentas a las y los mexicanos en cuanto a organización y despliegue logístico y despliegue de las capacidades de todas y todos quienes integramos esta institución”, agregó.
¿Y SINALOA?
¿Qué ocurrirá en Sinaloa? El 28 de enero, en reunión del Consejo Local del INE, se refrendó la meta de instalar 4,990 casillas para este proceso el 10 de abril… lo que
queda sujeto a la disponibilidad presupuestal del Instituto.
El titular de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica (VCEyEC) de la Junta Local, José Alberto Padilla Quintero informó que un 1,881 personas se registraron como aspirantes para ser contratadas como Capacitadores Asistentes y Supervisores Electorales, de las cuales 1,473 cuentan con calificación aprobatoria en el examen.
Sin embargo, el número de personas a contratar está sujeto, también, a la disponibilidad presupuestal del Instituto.
Ricardo Hernández Marcelo, Encargado del Despacho de la Vocalía de Organización Electoral, indicó que se prevé que el 28 de febrero se aprobará el listado final de ubicaciones de casillas a instalarse, con la asignación de casillas que apruebe el Consejo General este mes.
En cumplimiento de los acuerdos de la SCJN y de la Sala Superior del TEPJF, el INE solicitó a SHCP una ampliación del presupuesto para llevar a cabo el ejercicio.
De no contar con recursos suficientes, podría instalar menos casillas en Sinaloa, lo que despertaría suspicacias.
Los seguidores de AMLO bien podrían alegar que la Junta Local eligió secciones desfavorables para el presidente; sus adversarios, en cambio, discutirían la precariedad financiera y las limitaciones que impondrá esta condición a una jornada que no solo debe ser democrática, sino serlo verdaderamente y sin dejar sombras de duda.
