Los diputados de la bancada de Morena impulsarán una iniciativa para que el Gobierno federal, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), pueda disponer de los 14 mil millones de pesos en cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a personas presuntamente vinculadas al crimen organizado.
Lo anterior, a petición de Pablo Gómez, titular de la UIF, quien subrayó la necesidad de que exista una reforma que “permita aplicar a estos recursos la figura de la extinción de dominio, a fin de que el Gobierno pueda recuperar ese recurso y no se lo queden las instituciones bancarias”.
De acuerdo con una relatoría de la plenaria de Morena del 24 de enero, cuya copia tiene La Razón, Gómez Álvarez expuso que también es importante para la UIF una reforma al Código Penal, argumentando que están en una “lucha constante” en tribunales.
Además, señaló que esto se suma a que “algunos jueces y magistrados están en contra de la lucha contra la corrupción”.
El titular de la UIF expuso que hay 14 mil millones de pesos bloqueados en la actualidad; sin embargo, hay personas que no reclamaron el dinero, por lo que quedó sin utilidad.
La UIF presentó su interés en una iniciativa presentada por el PT el periodo pasado, en la que la diputada Ana Laura Bernal plantea reformar la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La propuesta expone que el dinero decomisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público derivado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita se pondrá a disposición del Indep o los programas sociales.
Lo mismo aplicará para que los bienes que asegure la Fiscalía General de la República sean susceptibles de la administración.
Por separado, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, adelantó que plantearon ante los diputados “la posibilidad jurídica de presentar una iniciativa por parte de la coalición Juntos Haremos Historia para que se pueda lograr recuperar y poner a disposición del Gobierno de la República esos recursos”.
En conferencia de prensa, Mier Velazco dijo que la iniciativa tiene que ver con las leyes de instituciones de crédito, disposiciones que regulan el sistema de administración tributaria, revisión del código penal, fiscal y presupuestario, incluso a la Ley de la Fiscalía General de la República.
“No es un asunto sencillo, pero tiene que ser, para nosotros como prioridad para este periodo. Fue votado por el grupo parlamentario de que se instalen las mesas de trabajo de revisión técnica”, apuntó. Además, estimó que en 10 días la bancada guinda podría tener un anteproyecto de la iniciativa.
“Entonces, eso es lo que vimos el día de hoy. Vamos a continuar en la confección de la agenda legislativa. Tenemos ya las propuestas, 300 iniciativas de nuestros compañeros; de ellas, en el tamiz de revisión de toda la técnica legislativa, poco más de 100, ya lo pasaron, la vamos a incorporar”, agregó.
Mier Velazco expuso que entre las prioridades para el siguiente periodo están las minutas del Senado, incluyendo la ley secundaria a la reforma constitucional en materia de movilidad, así como las legislaciones pendientes por sentencias judiciales.
Por su parte, Pablo Gómez señaló que el Poder Judicial sigue siendo parte de un “Estado corrupto” que defiende intereses “oligárquicos”, ya que han bloqueado la posibilidad de congelar cuentas de ciudadanos extranjeros.
“Lamentablemente los jueces siguen siendo parte del Estado corrupto, y han definido que no procede el bloqueo de cuentas cuando un gobierno extranjero solicita la exclusión de una persona del sistema financiero mexicano, esto funciona únicamente para ciudadanos extranjeros, con lo que se demuestra que parte del Poder Judicial continúa defendiendo intereses oligárquicos en el extremo del malinchismo”, señaló.
En su intervención, el presidente de la Comisión de Puntos constitucionales, Juan Ramiro Robledo, secundó al titular de la UIF cuando subrayó que el Poder Judicial está jugando un papel importante para detener la Cuarta Transformación, ya que los jueces “defienden a los capitales o porque pertenecen a grupos de privilegio, otorgando amparos en exceso que benefician a los delincuentes e intereses extranjeros”.
“¿Se debe promover una reforma para ponderar el interés público y el interés particular para frenar el exceso del Poder Judicial?”, preguntó a Pablo Gómez.
El dato: Santiago Nieto, extitular de la UIF, pidió en 2021 al Senado cambiar normas para permitir que el dinero “congelado” sea transferido a programas sociales.
