En el marco de las comparecencias con motivo de la glosa del Quinto de informe de Gobierno del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, este lunes las y los integrantes del Grupo Parlamentario de morena reprocharon al Secretario de Obras Públicas Osbaldo López Angulo, que no se siguió el plan sexenal de desarrollo, se operó sin plan anual de obras públicas, se manejaron las licitaciones con opacidad, sin testigos sociales y se realizaron obras por más de 2 mil millones de pesos en favor de particulares.
Marco Antonio Zazueta, Presidente de la Comisión de Obras Públicas del Congreso del Estado, recordó en su participación los compromisos que hizo la administración estatal al inicio de su ejercicio, para reprocharle al funcionario estatal su incumplimiento.
“Debería existir una correspondencia en los informes de gobierno, pero uno fue el propósito y otro la realidad, una realidad que ha resultado ofensiva para el pueblo de Sinaloa cuando la discrecionalidad suplió a la planeación, las ocurrencias sustituyeron a las prioridades y la obra pública pagada con los impuestos de todos los contribuyentes, se realizó en la opacidad”, recriminó Marco Antonio Zazueta.
Añadió que esa fue la característica de la obra pública durante el transcurso de la presente administración cuando de entre 2017 al 2020 la obra pública careció de asignación presupuestal específica al no elaborarse programa alguno, como lo rodena la ley en la materia.
“Por supuesto que la oscuridad del gasto favoreció la corrupción, cuando los recursos invertidos en obras de beneficio directo a particulares, ignoraron incluso el diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo que retomado por el Programa Estatal de Infraestructura, reconocía la ausencia de una planeación estratégica en materia de obra pública derivando en los últimos sexenios en construcciones sin fines productivos ni sociales”, criticó Marco Antonio Zazueta.
“Ninguno de los informes de gobierno rendidos, refiere el grado de avance de cualquiera de los compromisos y en ninguno de ellos existe siquiera señalado por su nombre el Programa Estatal de Infraestructura en el que debería sustentar su participación en esta comparecencia”, añadió Marco Antonio Zazueta.
“Al contrario del pretencioso e incumplido propósito sexenal en materia de obra pública, lo que prevaleció es la sustitución de la misma por el mejoramiento de la infraestructura concesionada a particulares , en las que del primero al último año el gobierno que usted representa ha usado dos mil millones de pesos sólo en cuatro operaciones materialmente privadas, lo que sin duda, constituye un desvío de las funciones públicas, del que sólo por el nombre y la militancia política de personajes favorecidos representa para cualquiera con un poco de sentido común, un serio problema de corrupción del que tendrá que rendirse cuentas” concluyó el legislador morenista.
La diputada Alma Rosa Garzón, integrante también del Grupo Parlamentario de morena, recordó en su participación el Programa Estatal de Infraestructura con el que aseguraba que se promovería la reducción de los desequilibrios regionales y el combate a la pobreza.
“Sin embargo ninguna de las obras por mínima que fuera su inversión, realizada por el Gobierno del Estado, con excepción de la del 2021, formó parte de programa alguno de obra pública ordenado por la ley, simplemente porque de 2017 a 2020 el gobierno del estado y la secretaría que usted representa no elaboró ningún programa y menos lo sometió a este Congreso, en violación a la ley de obras públicas”, cuestionó Alma Rosa Garzón.
“Los criterios de honestidad, responsabilidad, equidad e inclusión de la obra pública prometidos, no acompañaron las acciones, porque usted no puede ignorar lo cuestionable que resulta que sólo amigos del gobernador, y miembros del PRI todos, como Antonio Corro en Mazatlán, Joaquín Vega Acuña en los Mochis e Ignacio de Nicolás en Culiacán, se hayan beneficiado mediante discrecionales inversiones plurianuales desde el inicio del gobierno”, añadió la legisladora morenista.
La diputada morenista Nela Rosiely Sánchez Sánchez, recordó de acuerdo a la Ley, la obra pública directa se realiza cuando las dependencias estatales cuenten con maquinaria, equipo de construcción y personal técnico para su operación, sin embargo reprochó que el Organismo Público Descentralizado de la Administración Estatal denominado “Preeforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa”, más conocido como PRECASIN, ha sido el responsable de ejecutar la obra pública directa.
“¿Por qué usted permitió durante toda la administración esta confusa triangulación para hacer obra pública que por supuesto favorece las posibilidades de corrupción? Lo que el Precasin hace es obra pública directa, en violación a la ley. Lo ha hecho sin presupuesto, y ahora con más razón que el gobierno del estado le asignó 356 millones de pesos, cuando en términos de la ley, las obras de administración directa se limitan a la conservación y mantenimiento de las vías de comunicación pero siempre y cuando el organismo que lo haga, cuente con personal directivo, técnico, administrativo y obrero con perfiles adecuados, maquinaria, herramienta y equipo necesario suficiente que garantice la ejecución de las obras por cuenta propia, condiciones con las que Precasin no cumple”, expuso la legisladora.
Marco César Almaral, integrante también del Grupo Parlamentario de morena, resaltó en su participación que el Quinto informe de Gobierno de esta administración da cuenta de que se invirtieron más de 22 mil millones de pesos en la realización de más de 37 mil obras en todo el estado, pero se omite en reconocer que todas ellas, con excepción de las del 2021, se originaron en la opacidad y en violación a la ley de obras públicas al no haberse integrado en un Programa Anual de Obra Pública que conociera y autorizara el congreso.
“la Organización no Gubernamental Centro de Análisis México Evalúa, tiene al de la construcción de obra pública como el sector más corrupto, si a eso se le agrega que en Sinaloa, lo que se hizo fue obra pública sin planeación, lo más probable es que el señalamiento de corrupción se quede corto. Y se queda, con por lo menos 20 mil de los 22 mil millones de pesos de obras públicas que se presumen, porque no estuvieron contenidas en ningún programa anual. Es decir, por más que se presume el alto monto de la inversión, ese gasto fue por completo ilegal”, señaló el morenista.
Juan Patrón Patrón Rosales, por su parte, señaló el costo global de seis obras por un monto de mil 200 millones de pesos desde 2017 hasta 2021, con una aplicación presupuestal plurianual que incumple el artículo 37, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, que ordena que los compromisos plurianuales de gasto que se deriven de contratos de obra pública deberían incluirse en un capítulo específico del presupuesto
“Estas obras son la remodelación del estadio Teodoro Mariscal con 402 millones, la remodelación del estadio Emilio Ibarra en Los Mochis con 400 millones, la remodelación estadio Dorados, con 58 millones; la construcción del estadio de futbol en Mazatlán, con 652 millones, el Parque Central Mazatlán, con 208 millones y la adquisición y remodelación edificio Homex con 508 millones. Ninguna de las obras tuvo presupuesto de origen, así como tampoco de la fuente de ingresos con que fueron cubiertas, en violación a todo tipo de normas en relación al presupuesto, obras públicas, disciplina financiera y a los criterios de transparencia. Todas las obras que le menciono tienen en común el incumplimiento del marco normativo que derivó en acciones de cuestionada necesidad pública y el beneficio directo a particulares”, concluyó.
La diputada Cecilia Covarrubias, también integrante del Grupo Parlamentario de morena y Presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana en el Congreso del Estado, cuestionó al secretario de Obras Públicas sobre la deuda de 796 millones 73 mil 198 pesos con lo que define como Fideicomiso 2063 Autopista Benito Juárez, pues a pesar de no pertenecer de origen a la actual administración, si se hizo un compromiso de cubrirla y no se hizo.
“Esos compromisos se asumieron desde 1990, pero ya vemos que fue un fracaso, porque no sólo perdimos la Maxipista, en manos Carlos Slim, desde el 2009; también perdemos desde los noventas los recursos de la carretera Benito Juárez. Y encima de todo ello, los sinaloenses nos quedamos endeudados con 796 millones de pesos con ese fideicomiso carretero. Quiero recodarle que usted mismo anunció aquí con motivo del cuarto informe de gobierno que esa deuda se pagaría este mes de octubre, lógicamente antes que terminará la administración, lo que también fue otra mentira”, concluyó la legisladora morenista.
