Todo indica que existe un plan Presidencial que, de ejecutarse, tirará a la basura logros sustanciales de la lucha de género en México.
Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió hoy tres acciones de inconstitucionalidad que propusieron despenalizar el aborto en Sinaloa y Coahuila y avalar el derecho de los médicos a no practicarlo. Por unanimidad, los ministros despenalizaron el aborto.
Hay júbilo en los grupos feministas.
Cuestionado sobre esta discusion en la SCJN, Andres Manuel López Obrador pintó una raya y expresó esta mañana… “pues que ahí se resuelva si ya lo están tratando, pero no tomar partido, en mi caso. No creo que sea lo mas prudente”.
Sin embargo, se dice que en Palacio se discute un plan para fusionar a las Secretarías algunos organismos descentralizados encargados de acciones en pro de los derechos humanos de las mujeres. Hablamos hoy también de un posible golpe a la lucha de género.
López Obrador cree que se trata de órganos inútiles que gastan mucho y duplican el trabajo de otras dependencias. Así, pareciera desconocer cómo nacieron estos.
Trascendio ya una lista de organismos que pasarían al control de la Segob, como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), o el Consejo Nacional de Población (Conapo) al INEGI. En enero 4 de 2021, el presidente dijo que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna) era idéntico al DIF y, para el 16 de agosto, el Sipinna quedó sin dinero ni cabeza.
Habrá “ahorros”, se justifica, pero el Sipinna no es un organismo más. Coordina programas para prevenir embarazos en adolescentes, atender la pobreza infantil, diseña políticas y cumple lo ordenado por la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Fusionar Conapo al INEGI parece otro desatino. Su tarea, con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, es resultado de la Ley General de Población del 74 y tuvo la función de crear políticas y coordinar la estrategia que disminuyó el número de hijos por mujer (de 7 a 2); rompió la prohibición del uso de anticonceptivos y amplió las libertades a las mujeres.
El Inmujeres encabeza la política nacional de género y es un mecanismo de atención para la mitad de la población. Pero ya perdio recursos y capacidad de gestión, aunque es parte del gabinete ampliado. En 3 años se le despojo de liderazgo, e incorporarlo a Segob es similar al intento de Peña Nieto de meterlo a la Secretaría de Desarrollo Social, pero la respuesta de las mujeres frustró esa intentona.
– LA SCJN DESPENALIZA EL ABORTO
La SCJN discutió este día 3 acciones de inconstitucionalidad que propusieron despenalizar el aborto en Coahuila y Sinaloa y avalar el derecho de los médicos a no practicarlo. Las propuestas se alinean a los criterios de la Corte en el sentido de que ‘ninguna protección a la vida desde la concepción puede restringir los derechos de personas ya nacidas’, y propuso declarar la inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Penal de Coahuila y de la Constitución de Sinaloa que impiden interrumpir el embarazo.
Por unanimidad fueron aprobadas las propuestas.
Sobre la objeción de conciencia de los médicos, la ponencia defendió que los servicios de salud reproductiva son responsabilidad del Estado y no de los médicos, quienes solo están impedidos a apelar a la objeción de conciencia cuando está en peligro la vida de la persona o en caso de urgencia. Así, la objeción de conciencia no es un derecho ni una política de Estado, sino una condición individual del médico con base en su libertad religiosa, ideológica y de conciencia.
Ambos procesos (despenalización del aborto y el golpe a los organismos autónomos) son de enorme trascendencia. Con seguridad agitarán el debate nacional y lo deseable es que transitemos a acuerdos que preserven y amplíen lo ganado durante las ultimas décadas en materia de derechos de las mujeres, sobre todo que, por fin, hagamos algo en el vergonzoso capítulo de los crímenes contra ellas.
Si no es así, será el retroceso.
