La bancada del Grupo Parlamentario de morena impulsó este martes un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución que fue aprobado por mayoría, mediante el cual la LXIII Legislatura del Congreso del Estado le pide al titular del Poder Ejecutivo atender tres puntos: en primer lugar que se suspendan los cobros que realiza la Sociedad Botánica y Zoológica de Culiacán por el uso de las instalaciones del Jardín Botánico, en segundo lugar que suspenda la obra que se realiza en esta espacio público y den el parque ecológico por no estar incluida en el Programa Anual de Obra Pública; y finalmente recomienda al Ejecutivo del Estado coordinarse con el Ayuntamiento de Culiacán para hacer posible el rescate de los fines de conservación ecológica y ejercicio físico, sin fines de lucro del Jardín Botánico.
La diputada morenista Yeraldine Bonilla Valverde argumentó durante la discusión, que fue el 6 de octubre de 1998, cuando el Congreso del Estado, mediante el decreto número 584, publicado diez días después, autorizó al Poder Ejecutivo a destinar un terreno de 33.8 hectáreas a un jardín botánico y un parque ecológico, localizado en avenida las Américas colonia Burócrata, en la ciudad de Culiacán.
Añadió que el objetivo de dicho decreto fue dar seguridad jurídica al espacio ecológico de conservación en beneficio del entorno de la ciudad y en favor de las personas que lo utilizan para ejercitarse, y especificó que en atención a ese propósito, el artículo segundo del decreto literalmente prohíbe dar al inmueble un uso distinto al autorizado.
“Sin embargo, de manera contraria al decreto emitido por el Congreso, el 29 de junio de 2006, el Gobierno del Estado materialmente cedió las instalaciones a una institución de asistencia privada llamada Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, encabezada por el empresario Agustín Coppel Luken”, expuso la morenista.
“Además de la cesión de los terrenos, el Gobierno del Estado dispuso a partir de entonces en favor de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, apoyos presupuestales que desde hace cinco años se mantienen en los cinco millones de pesos anuales, y de manera irregular se determinó que los pagos de servicios de agua potable y energía eléctrica fueran cubiertos por el Ayuntamiento de Culiacán, como ocurrió hasta que la administración del 2019 suspendió el pago de estos servicios”, añadió.
Detalló que los predios del jardín botánico y el parque ecológico, están amparados como propiedad estatal con las claves catastrales 34-001-003 y 34-001-001, tienen un valor de 445 millones de pesos, y que su más reciente convenio de ocupación particular se firmó el primero de enero de 2017 y concluye con el último día de la administración estatal del gobernador Quirino Ordaz Coppel, el 31 de octubre próximo.
“A la violación al destino de los predios y de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios, en beneficio de intereses privados, ahora le sigue la omisión a la Ley de Obras públicas y servicios relacionados con las mismas, al realizarse al interior de los mismos una obra no prevista en el Programa Anual de Obras públicas. Es una inversión pública del Gobierno del Estado por 18 millones de pesos, que no fue autorizada por el Congreso y ha generado inquietudes razonadas del público usuario del jardín botánico y del parque ecológico. Por esa razón, exhortamos al Ejecutivo Estatal a que detenga este proceso de privatización de este importante espacio público”, finalizó la legisladora.
La diputada Graciela Domínguez Nava, participó en la discusión y fue categórica al decir que los legisladores están obligados a conocer, cumplir y hacer cumplir la Ley. Negó que exista desde morena una pretensión de dañar el Jardín Botánico, y recalcó que se está construyendo una obra que está violentando la Ley de Obras Públicas que este mismo Congreso aprobó.
“El Jardín Botánico es propiedad de todos, es público, por eso no se justifica el cobro, no existe una concesión, sino un convenio que no está en el marco de la Ley de inmuebles, por lo tanto pedimos que se respete esa Ley; y también la Ley de Obras Públicas que obliga a presentar un plan de obra pública, no podemos aceptar que el Gobierno del Estado lo mueva a su antojo. Como diputados estamos obligados a exigir que se atiendan estas dos leyes”, concluyó Graciela Domínguez.
La diputada Francisca Abelló participó también en la discusión, destacando que los parques y jardines deben ser libres para todos los ciudadanos, añadiendo que los legisladores tienen la alta responsabilidad de proteger lo que marca la Ley.
El diputado Andrés Gilberto Rodelo, también de morena, se sumó en su participación a la postura de su Grupo Parlamentario.
