Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Justicia del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron incluir en la Ley Orgánica de la Fiscalía General, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.
Las comisiones, presididas por el diputado Horacio Lora Oliva y Alma Rosa Garzón Aguilar, respectivamente, también aprobaron tipificar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Código Penal para el Estado de Sinaloa.
Por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación a favor del dictamen votaron Horacio Lora Oliva, Ana Cecilia Moreno Romero, Édgar Augusto González Zatarain, María Victoria Sánchez Peña y Flora Isela Miranda Leal, presidente, secretaria y vocales respectivamente.
Por la Comisión de Justicia, Alma Rosa Garzón Aguilar, Mario Rafael González Sánchez, María Victoria Sánchez Peña y Jesús Palestino Carrera, presidenta, secretario y vocales respectivamente.
La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica será responsable de identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus ilícitos relacionados desde la óptica científica de la investigación.
Mediante el establecimiento de sistemas eficientes y eficaces que permitan la obtención de primera mano de la información patrimonial, fiscal y económica, principalmente, existente en las instancias locales y la transformación de ésta en información de inteligencia.
La persona titular de la UIPE, será nombrada y removida libremente por el Fiscal General.
Para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, la UIPE contará con el personal en materia de análisis, investigación e inteligencia necesarios.
En el cumplimiento de sus atribuciones, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica gozará de autonomía técnica y de gestión y contará con diecisiete facultades.
Se impondrá de cinco a quince años de prisión y el equivalente en multa de cinco mil a diez mil unidades de medida y actualización, a quien por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:
- Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio del Estado, de éste hacia el exterior del mismo o a la inversa, recursos, valores, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita; y
Las penas previstas en el artículo anterior serán aumentadas cuando el delito se cometa por servidores públicos y se utilice a menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.
De acuerdo con los transitorios, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica creada mediante el acuerdo 04/2020, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, de fecha 8 de Junio de 2020, continuará en funciones en tanto no se oponga al presente Decreto.
La Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, deberá integrar en el presupuesto de egresos inmediato siguiente a la entrada en vigor y publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, del presente decreto, los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines de la UIPE.
En un término máximo de 60 días después de la entrada en vigor y publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” del presente Decreto el Fiscal General deberá hacer llegar al titular de la SAyF una solicitud de presupuesto para la UIPE, la cual deberá contener una explicación detallada que justifique los recursos que requiere para su correcto funcionamiento.
A las comisiones dictaminadoras les fueron turnadas para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente, tres iniciativas.
Una del grupo parlamentario de Morena, que coordina la diputada Graciela Domínguez Nava; la segunda, por el diputado Marco Antonio Zazueta y la tercera, por la legisladora María Victoria Sánchez Peña, ambos también del mismo partido político.
