El alcalde Jesús Valdés anunció en 2017 la construcción de un ‘doble piso’ sobre el bulevar José Limón (entre la ‘Canasta’ y el Infonavit Humaya), una propuesta de Caminos y Puentes Federales, elaborada con los criterios de sus funcionarios (ajenos sin duda a las necesidades de Culiacán), con inversión de 120 mdp recaudados en la Caseta de Cobro No. 10 de CAPUFE ubicada en La Campana.
El anuncio tuvo el aplauso espontáneo de quienes sueñan con una ciudad-metrópoli llena de autopistas interiores (amor a primera vista).
Pero también recibió el rechazo de quienes vieron en ese elefante de concreto un absurdo injustificable frente al gran rezago en servicios públicos: seguridad, suministro de agua, drenaje sanitario, espacios públicos amables, prevención de inundaciones, infraestructura educativa y de promoción cultural, sistema de semáforos eficiente.
El proyecto chocaba con las necesidades de quienes constituyen -cuando menos en el discurso- el foco de la atención gubernamental: los más pobres.
Algunos colectivos, diputados y regidores lo calificaron como ‘una ocurrencia’ y subrayaron la necesidad de, mejor, atender recomendaciones del Implan, un organismo técnico creado para elaborar la planificación urbana bajo principios sustentables.
Al final, el proyecto abortó por razones no claras. CAPUFE se olvidó de Culiacán y ya no se habló del asunto.
En CDMX, actualmente, avanza la construcción del ‘Puente Vehicular Periférico Sur’ y del ‘Canal Nacional’ en Xochimilco. Varios organismos defensores de la ecología y de derechos humanos realizan diversas acciones de protesta.
Destacan la celebración del Foro Virtual EL CONFLICTO AMBIENTAL EN XOCHIMILCO: ¿UNA CIUDAD PARA PERSONAS O PARA AUTOS? (25 de febrero); la marcha #YOPROTEJOELHUMEDAL, con punto de partida en Bellas Artes, y una rodada entre Xochimilco y el Zócalo, ambos eventos el 28 de febrero.
La movilización social en defensa de Xochimilco representa la alternativa ciudadana para la defensa ante acciones irracionales de alcaldes o funcionarios motivados por el provecho político u otros intereses que genera la ejecución de obras fastuosas, inconvenientes para el medio ambiente y ajenas a las necesidades de la gente.
El caso del ‘doble piso’ en el José Limón parece un ejemplo clásico de la centralización de la administración pública, un fenómeno muy actual en el país. Entre otros perjuicios, la centralización impide que los municipios avancen en la eficacia de sus esquemas de recaudación y en el fortalecimiento de la autonomía para decidir programas y presupuestos, lo que genera o arraiga su dependencia casi total hacia los favores de la Federación.
Más que la simpatía personal del alcalde Jesús Valdés, el respaldo del gobierno estatal y local al ‘doble piso’ obedecía a que se considera ‘un error’ rechazar una obra con tal monto de inversión, aún a pesar de sus impactos negativos.
Un cheque federal con tanto dinero, desde esa óptica, “no se debe despreciar”, lo que es explicable porque 9 de cada 10 pesos de los ingresos de los municipios provienen de la federación, y en muchos casos son los únicos recursos de que disponen para realizar obras.
Además, se supone, una inversión de ese tamaño favorece a la economía local.
Paradójicamente, en lugar de atender los rezagos sociales más sensibles, es frecuente que los alcaldes, los gobernadores y el gobierno federal
privilegian los grandes puentes u otras obras de beneficio marginal para la gente; le apuestan, mejor, a obras “más visibles” y de alto costo que reditúan aparentes rendimientos políticos.
Aquí tenemos las refinerías, trenes, estadios, auditorios, pavimento, becas y… programas sociales para dispersar dinero, en particular (ayer, el presidente López Obrador, respetuoso de los tiempos electorales, informó que adelantará la entrega de 200 mil millones de pesos derivados de diversos programas de ese tipo).
En resumen, hay elementos para pensar que el objetivo principal de los gobernantes, aún en la era de la nueva normalidad y la carencia de vacunas suficientes, es ‘incubar’ votos.
