La diputada Alma Rosa Garzón, del Grupo Parlamentario de morena, reclamó que tuvo que ser una jueza de control quién rechazara un acuerdo entre las administraciones del anterior gobernador Mario López Valdez y la presente; para que saliera a la luz pública los oscuros manejos y la opacidad con la que se han operado los recursos públicos en Sinaloa.
Recordó que dicha jueza rechazó un acuerdo en el que se pretendía subsanar un daño de 293 millones de pesos a la Hacienda Pública del estado con un pago de dos millones y una disculpa pública por parte del exsecretario Administración y Finanzas Armando Villarreal Ibarra.
La morenista hizo hincapié en la responsabilidad del Congreso del Estado como un poder revisor del actuar de los otros poderes, recordando que la presente Legislatura de mayoría morenista rechazó las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal del 2017 del gobierno del estado y de los municipios.
“Las cuentas públicas del gobierno de Mario López Valdez, del segundo semestre de ese año fueron aprobadas, junto con las del primero, una después de la otra el mismo día, el 27 de julio de 2017, de manera francamente deshonesta con la sociedad sinaloense”, recordó la morenista,
“Se aprobó de manera deshonesta, porque entonces la última cuenta de Mario López Valdez, ya refería un desvío de mil 300 millones por aportaciones no entregadas al Instituto de Pensiones y que hoy suman mil millones más en este gobierno. Además otro desvío, el del Fondo de Ahorro de los Trabajadores con 954 millones de pesos, y otros desvíos por 28 millones de pesos de ejercicios anteriores y siete millones más descontados en el periodo a revisión, no entregados al Fideicomiso Global del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio del Estado”.
Además explicó que durante 2016, la administración estatal solicitó y obtuvo préstamos bancarios a corto plazo que acumularon en el año una suma de tres mil 520 millones de pesos, equivalente al presupuesto ejercido por 17 de los 18 municipios juntos, sin que se informará su aplicación o destino.
“Todas esas millonarias operaciones sólo pudieron ser ordenadas y resueltas por funcionarios de primer nivel, al menos decididas por Mario López Valdez y operadas por el secretario de Finanzas Armando Villarreal”, reflexionó la legisladora-
“Y todas por supuesto, fueron aprobadas por este Congreso, primero mediante la cuenta pública del primer semestre del 2016 y luego la del segundo semestre de ese año, el 27 de julio del 2017. Fue una aprobación apresurada, al vapor, irresponsable y que nada tuvo de extraño que se haya producido en la anterior legislatura que hizo el intento hasta de quitarle el órgano de fiscalización al Congreso para entregárselo al gobernador, con el pretexto de su total independencia”, agregó.
Reprobó también que ninguno de los casos anteriores mereció la atención de la Auditoría Superior, con todo y los miles de millones de pesos en juego.
“Por eso tampoco es de extrañar que lo único que se conozca de la última cuenta pública de Malova sea un asunto que acaba de explotar públicamente, producido por la intención de un oscuro arreglo entre el tesorero de Mario López Valdez con el tesorero de Quirino Ordaz Coppel, para resolver uno de los muchos casos de desvíos encontrados por la propia Auditoría. Se hizo público ese desvío, eso tiene que reconocerse, porque la jueza de control del caso rechazó que por dos millones de pesos ofrecidos por el tesorero de Malova, el tesorero de Quirino Ordaz por su parte diera por resuelto un desvío de 293 millones de pesos”, reprochó Alma Rosa Garzón.
“Con semejante manejo opaco de recursos públicos, que una Jueza impida que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel liquide con dos millones un oscuro caso de 293 millones de pesos con el gobierno de Malova, es un milagro, del que habría que estar pendientes de su desarrollo este viernes 7 de febrero, cuando se celebre una nueva audiencia, de la que nuestro grupo parlamentario de Morena y la sociedad desearíamos no decepcionarnos”, finalizó la legisladora.
