La triste historia de millones de micro casas mal construidas, peor situadas, impagables, sin servicios públicos y abandonadas (las pichoneras de las ciudades mexicanas) podría pasar a ser cosa de nuestro pasado vergonzante (en el que se enriquecieron algunos y se engañó a todos) si el gobierno cumple los objetivos del Programa Nacional de Vivienda (PNV) presentado ayer por el Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Seguramente hablamos aquí y ahora de ‘La Madre de todas las Estafas’ cometidas en México durante décadas entre el sector público y una parte importante del sector empresarial, que dejó una estela no de luz, sino de ruina total con 5 millones de casas abandonadas, inhabitables y, para colmo, impagables, debido a la usura de los mecanismos financieros en que encajonaron a los “beneficiados”.
La coordinadora de Investigación de Oxfam México, Milena Dovalí (Animal Político, 14 de marzo de 2019) explica que, con Fox y Calderón, México registró un boom del desarrollo inmobiliario de interés social, con casas adquiridas a crédito a través del Infonavit, sobre todo.
Después del boom fueron abandonadas 81 mil unidades por año en promedio, de acuerdo con cifras del propio Instituto, debido a que las casas fueron mal ubicadas, construidas con materiales de baja calidad y bajo el esquema de un desarrollo urbano tan extensivo que no tenía ninguna regla de calidad urbana, como reconoce el director del Infonavit, Carlos Martínez.
Pero la causa principal del abandono de millones de viviendas es que los trabajadores no pudieron pagarlas, apuntó Dovalí. De los 5 millones de créditos otorgados, 3.9 seguían un esquema de salario mínimo, con el cual, cada vez que el salario aumentaba, también crecían los precios y el crédito, y las deudas terminaron siendo impagables.
Después de 15 años de estar pagando, los trabajadores debían 5 veces más de lo pactado. Este es el principal problema: la política de crédito fracasó para atender a gente más pobre, pues el boom de productividad de algunos sectores económicos no se vio acompañado de un aumento real al salario de los trabajadores.
Este fue otro factor de exclusión y desigualdad. Las facilidades para que los más pobres adquieran una vivienda se otorgan sólo a trabajadores del sector formal (el 44% de la PEA), según el Inegi, pero el esquema deja afuera al 56% de trabajadores informales que hay en el país. “La mayor parte de los más pobres no tienen acceso. Entre el 10% más pobre, hasta el 94% tiene que invertir sus recursos para pagar o construir su vivienda , y sólo el 6% tiene acceso a un crédito formal de Infonavit, Fovissste o un banco”, dijo Dovalí.
El PNV
El PNV ofrece que poseer un hogar digno y asequible sea un derecho constitucional al que tengan acceso los mexicanos más marginados, y aspira a que la vivienda sea “la piedra angular para la pacificación y transformación del país”. Las expectativas son enormes.
Meyer sostuvo que la vivienda es un elemento central de la seguridad y en la rectoría del Estado y llamó a trabajar conjuntamente para transformar el entorno y formar comunidad.
“La estrategia se centra en la población que no había sido atendida, para la que el Estado no conformó instituciones o políticas públicas. Es obligación del Estado atenderlos y ellos son el punto central del programa”, definió.
El PNV plantea que la vivienda es un derecho humano al que todos debemos tener acceso, ya no como un instrumento de especulación financiera, y por ello atenderá a los que más lo necesitan y a las regiones con mayor rezago (sur-sureste).
Carina Arvizu, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, reveló que el PNV promoverá un modelo de ordenamiento territorial y de gestión del suelo que considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación del territorio; coordinación entre los organismos de vivienda y los distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos, y trabajar con el sector social y privado para fomentar condiciones adecuadas al ejercicio del derecho a la vivienda.
El PNV propone la creación de una “canasta básica” de elementos para la construcción; financiar a las viviendas con mayor rezago; desarrollar instrumentos que incentiven proyectos habitacionales distintos, como cooperativas de vivienda, vivienda en renta, alquiler con opción a compra y lotes con servicios; un modelo mixto que mejore la asequibilidad de todo tipo de soluciones, siempre y cuando se cumpla con los elementos de una vivienda adecuada, así como ofrecer productos financieros con el propósito de maximizar su capacidad crediticia para la adquisición de una vivienda nueva o usada de mejor calidad.
La titular Bienestar, María Luisa Albores, ofreció contribuir a garantizar el derecho a la vivienda adecuada. “Hoy estamos demostrando que podemos trabajar para generar bienestar para la gente. Trabajamos con una metodología en la que 40% lo está aportando el gobierno estatal, 40% Conavi y el 20% lo aporta directamente la familia de sembradores”, dijo, a propósito del Programa Sembrando Vida.
Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, reforzará las mesas con el sector privado en busca de las soluciones que hacen falta. “Esperemos que este sea uno de los legados que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje en su gobierno”, deseó.
El PNV llega décadas después de un gran boom de ilusiones que dejó en cartera vencida a millones de trabajadores.
Paradójicamente, aunque existen 5 millones de casas abandonadas, muchas de las cuales encontrarán en la demolición su final, el PNV arranca frente a un reto duro: el déficit de vivienda es de 14 millones de unidades para igual número de trabajadores y sus familias.
