Es común creer que el gigantismo o el congestionamiento vial de una ciudad son un indicador o sinónimo de buena calidad de vida. Nada más tonto.
“¡Cómo ha crecido la ciudad, ya ni caben los autos!”, se expresa en función de halago o de reconocimiento, cuando en realidad tales fenómenos son causa de estrés colectivo, de contaminación del aire, suelo y agua; de hacinamiento, de segregación y marginación social, de delincuencia y violencia, de inequidad y de pérdida de recursos naturales.
Tal concepción, generalizada globalmente durante el siglo XX, parece que desaparece en algunos lugares en donde las cosas cambian. De hecho, en muchas ciudades del mundo la sociedad y sus gobiernos han vuelto a lo importante: a repensar cómo hacer ciudades más amables en las que sea más grato vivir; en las que no existan barreras para caminar y pedalear, o en las que los niños tengan derecho a jugar en espacios abiertos y seguros.
Gracias a la vigencia de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, creada en noviembre 2016, México podría lograr frenar la expansión de las manchas urbanas de muchas de sus ciudades al filo del caos y la adopción de alternativas de transporte y de movilidad que contengan el crecimiento de vehículos de combustión interna, que suman ya 43 millones de unidades (2016), algo cercano a tres personas por cada vehículo.
No ajeno a estos fenómenos de desorden urbano y a sus consecuencias, Sinaloa deberá contar este mismo mes con una ley propia armonizada con la ley general mencionada, para lo cual la semana este día el Congreso local dio segunda lectura a una iniciativa presentada por el Ejecutivo para crear la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
La iniciativa, en sus considerandos, menciona que nuestro país es eminentemente urbano metropolitano, donde el 80% de la población y el 70% del producto interno bruto se concentran en las ciudades con más de 200 mil habitantes, y reconoce que en los últimos 30 años la extensión de nuestras ciudades se multiplicó por siete, mientras la población apenas se duplicó.
La Ley de Desarrollo Urbano de Sinaloa fue creada en 2004. Desde entonces, en la entidad surgieron grandes retos en temas muy específicos que es urgente enfrentar con un marco constitucional obsoleto.
Los niveles de actuación de los municipios y del mismo gobierno estatales son ampliamente rebasados por las presiones políticas, económicas y sociales que ejercen los diversos agentes que influyen en la toma de decisiones sobre el territorio pues los gobiernos carecen de mecanismos financieros, capacidades administrativas e instrumentos legales adecuados.
La ley propuesta por el gobernador Quirino Ordaz Coppel plantea sustituir el modelo actual de desarrollo urbano por uno que oriente y garantice la construcción de ciudades resilientes, sustentables y equitativas de acuerdo a los principios de derecho a la ciudad, equidad e inclusión, derecho a la propiedad urbana, coherencia, participación democrática, productividad, protección y progresividad del espacio público, seguridad y prevención de riesgos promovidos a través de la Nueva Agenda Urbana de ONU Hábitar y la Agenda 2030.
La iniciativa propone que para ejercer sus facultades de planeación, control y administración territorial y urbana, las autoridades estatales y municipales podrán apoyarse en órganos auxiliares como son los consejos de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano y en otros instrumentos similares.
El Ejecutivo propone que las consultas a la población tengan la fortaleza de opinión representativa de la sociedad, ya que surgen de organismos de participación social y de gestión ciudadana, por lo que algunos aspectos importantes los concentra en la planeación urbana y territorial tengan como base un institutos estatal de planeación (por crearse) y los institutos municipales (IMPLAN).
El documento establece que el Instituto Estatal de Planeación Urbana y Territorial deberá tener personalidad propia, autonomía financiera, administrativa, técnica y operativa, aunque operará de manera subordinada a la Sedesu.
A los IMPLAN –ya existentes en Ahome, Salvador Alvarado, Culiacán, San Ignacio, Mazatlán y Rosario-, la ley propuesta por el gobernador les otorga la mayoría de edad ansiada al enfatizar su carácter ciudadanizado con el fin de garantizar su continuidad, de fortalecer su autonomía y de minimizar su vulnerabilidad respecto de decisiones políticas discrecionales o no prioritarias.
La propuesta establece que las decisiones en materia de desarrollo urbano sean tomadas por los gobiernos en consenso con la sociedad.
En el aspecto económico-financiero de los IMPLAN, la iniciativa formula participaciones sobre algunos impuestos, la posibilidad de generar ingresos complementarios mediante cobros municipales diversos y por gestiones propias. La intensión de la ley, apunta, es convertir a los IMPLAN en instituciones sólidas que garanticen la planeación municipal y regional.
Las consideraciones expuestas, por sí, tienen un peso abrumador. Ninguna legislatura en su sano juicio osaría cerrar el paso a la oportunidad de tener una ley actualizada que brinde disposiciones y principios urgentes para revertir el deterioro de nuestras ciudades y el territorio.
Sí o sí, esta iniciativa tiene que caminar.
