El diputado Marco Antonio Zazueta, confirmó que la Comisión de Fiscalización de la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado que le toca presidir, sostuvo una reunión con el Fiscal General de Sinaloa Juan José Ríos Estavillo, la Fiscal anticorrupción Reyna Angulo Valenzuela y la Titular de la Auditoría Superior del Estado Emma Guadalupe Félix; con el fin de coordinar el trabajo interinstitucional.
“Lo que queremos es hacer un trabajo profesional, estar en la misma sintonía, con información actualizada para evitar errores, y crear un vínculo que nos permita darle seguimiento a todas las acciones y denuncias penales que se puedan presentar. En la reunión de trabajo, hicimos énfasis en empezar a revisar los más de 4,800 pliegos de observación existentes que tienen rezago desde el 2008 que se creó la ASE, hasta el 2017 que es el periodo que recién concluimos”.
Explicó que en esos nueve años hay por recuperar más de 5,800 millones de pesos, aunque aclaró que muchas de las acciones han prescrito, o han sido determinadas sin materia jurídica para abrir procesos penales en contra de algún servidor público; sin embargo resaltó la importancia de que se aclaren estos procesos para tener la información de manera clara y transparente.
“Es importante que los datos se actualicen y que los tengan tanto la Auditoría Superior del Estado como la Fiscalía General de Sinaloa, para evitar que se manejen datos incorrectos de cara a la ciudadanía”, explicó el legislador.
Informó que la Auditoría ha presentado 101 querellas desde el 2008 hasta el 2017 ante la Fiscalía, misma que deberá entregar un informe en su momento ante la Comisión de Fiscalización, para su análisis y seguimiento.
“Es un problema que muchas de estas denuncias han prescrito, pues al no ser considerado un delito grave prescriben a los cuatro años y medio, por eso es muy importante legislar en esta materia, hacer reformas para que el delito de corrupción sea considerado como delito grave. Muchos de los resultados que hemos encontrado es que no necesariamente se trata de daños a la hacienda pública, sino que se usan recursos públicos en movimientos contrarios a su naturaleza, y eso debe ser identificado por la ASE, pero no necesariamente tendrán una consecuencia penal”, explicó el morenista.
Finalizó observando que las sanciones, administrativas o penales, deben ser en tiempo y forma, respondiendo a las faltas en las que pudieran incurrir los servidores públicos con el fin de cuidar el recurso público que corresponde a los ciudadanos.
“En la reunión de ayer las instituciones presentaron sus inquietudes y propuestas para reunirse de manera periódica para tener una mejor coordinación y poder informar de una manera más precisa a la sociedad sobre los casos de corrupción en el servicio público”, concluyó.
