Los trabajadores que son víctimas de estrés laboral ya están en posibilidad de demandar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puesto que la Norma Oficial 035 que entró en vigor el 23 de octubre de 2019 contempla sanciones que van de los 25 mil a los 465 mil pesos para las pequeñas, medianas y grandes empresas que no tengan implementadas políticas de prevención de riesgos psicosociales.
Rosalinda Gámez Gastelum, profesora investigadora de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS precisó que a esta norma están obligadas a sujetarse las empresas de todos los giros tanto nacionales, como multinacionales o trasnacionales que se encuentren instaladas en nuestro país.
Entró en vigor este 23 de octubre de 2019, desde hace un año se había publicado en el Diario Oficial que entraría en vigor este año y está enfocada a lograr un equilibrio entre el mundo del trabajo y el mundo de la familia.
Detalló que la primera etapa tiene que ver con la identificación de los factores de riesgo psicosociales que son el estrés laboral, el acoso moral, la violencia laboral y cualquier situación que se considere que pone en riesgo la salud mental del trabajador.
Gámez Gastelum indicó que en esta etapa es obligación de las empresas tener informados a los trabajadores en qué consiste esta nueva norma oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social e implementar una política de prevención de riesgos psicosociales.
Destacó que todas las empresas con una plantilla superior a los 16 trabajadores se tienen que preparar porque están obligados a tener un estudio de entorno organizacional, a establecer medidas para un entorno laboral positivo y a canalizar a los trabajadores con algún tipo de riesgo para que sean atendidos por un psicólogo laboral.
Entre las medidas que las empresas están obligadas a implementar de acuerdo con esta norma 035, Gámez Gastelum mencionó la reducción de cargas excesivas de trabajo, la reducción de focos de estrés y en general todas las medidas que abonen a un ambiente laboral positivo.
Aunque precisó que norma es solamente aplicable para las empresas, la investigadora consideró importante que la medida se extienda a las dependencias de los tres niveles de gobierno, así como a las instituciones de educación superior en donde también se dan situaciones de estrés laboral.
La profesora investigadora de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas indicó que las instancias habilitadas para recibir las denuncias son en este caso la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Comentó que dentro de la primera etapa, personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya está realizando visitas aleatorias en las cuales está pidiendo a las organizaciones que le informen a sus trabajadores sobre la existencia de la norma e identifiquen los factores de riesgos psicosociales entre sus colaboradores.
Reconoció que algunas empresas grandes de Sinaloa ya están llevando a cabo diferentes acciones, entre ellas la contratación de psicólogos laborales, la instalación de comités de bienestar y el establecimiento de un buzón telefónico donde les piden a sus trabajadores que denuncien cualquier situación de acoso o de violenc 
