Diversos entes públicos ligados al campo se convirtieron en verdaderos socavones. ASEMEX, por ejemplo, terminó como fábrica de siniestros y superó más de 500 millones de dólares (mdd) en pérdidas que el gobierno aseó, y luego remató la empresa en 120 mdd.
Los secretos terminaron en escándalo: en colusión con líderes agrarios, sus funcionarios acumularon riqueza enorme pues fabricaban siniestros sobre parcelas ociosas… ¡y ASEMEX pagaba lo que nunca se dañó!
Andrés Manuel López Obrador insiste en que el campo está atrasado por la corrupción del pasado. y ni cómo desmentirlo.
Viene a cuento esto en ocasión de los jaloneos para definir el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2020 (PEC), para el que el Ejecutivo propuso 331 mil millones de pesos (mdp), contra 364.6.2 autorizados en 2019. El monto caería 20 mil 635.8 mdp.
La disminución de recursos, aparentemente, es un golpe de la 4T a los productores al desaparecer programas creados para garantizar la estabilidad del campo y la soberanía alimentaria, aunque un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en materia de gasto para el campo ofrece datos que debemos conocer.
El análisis comparativo del proyecto de Presupuesto Federal (PEF) de 2020 con el PEF-2019 advierte una baja en la previsión de gasto y mayor énfasis en la orientación social del ejercicio en detrimento del gasto productivo, pues excluiría recursos productivos para pequeños productores, reduciría inversión para la competitividad y el desarrollo de mercados, así como apoyos para el financiamiento y el aseguramiento del campo.
Se incrementarían los recursos para el abasto rural y los programas para el autoconsumo, en detrimento de los apoyos para el desarrollo de mercados agroindustriales, la ganadería y la pesca.
Según la FAO, la agricultura aporta el 3.1% de la economía mexicana, pero al incluir la agroindustria, los insumos y servicios, el aporte al PIB es de 7.5%. Pese a ello, los recursos para el sector en 2019 representan sólo el 1.4% del PIB.
En frío, el análisis desmiente que la baja de recursos sea un descontón de la 4T al campo pues el financiamiento viene disminuyendo 3.1% cada año desde el 2012.
Con Calderón, ese año, la cifra aprobada llegó a 426 mmdp; con Peña (2013), a 431.2 mmdp; en 2014, a 445.5 mmdp, y en 2015 a 451.8 mmdp. En 2016, descendió a 428.6 mmdp, y la caída fue estrepitosa en 2017 (el monto anual cayó a 363.4 mmdp). En 2018 fue peor: sólo 361.8 mmdp.
Con López Obrador, el PEC para el campo subió ligeramente a 364.6 mmdp en 2019 y podría perder un 9.1% si la Cámara aprueba la propuesta de AMLO para el 2020: de sólo 331 mmdp.
Pese a la primera percepción, el descobijo al campo y a los campesinos viene de atrás: marcadamente, a partir del quinto año de gobierno del ex presidente Peña Nieto, ahora estrella del Jet Set internacional. Volvamos:
Hasta el 2019, el PEC derivaba recursos en 10 vertientes: Financiera, Social, Competitividad, Infraestructura, Medio Ambiente, Salud, Educación, Agraria, Administrativa y Laboral.
En la propuesta para 2020, llaman la atención las vertientes de Competitividad, que se reduciría 18.2 mmdp, y la Social (-14.6 mmdp), que se compensarían con gastos mayores a las vertientes de Salud (+6.3 mmdp) y la Agraria (+5.5 mmdp), pues la Competitividad ubica recursos para el desarrollo de Agromercados Sociales y Sustentables, rubros a los que se autorizó en 2019 más de 6.7 mmdp, pero en 2020 no dispondrían de ningún centavo.
En apariencia, los ajustes se debaten entre lo que debe ser primero: si lo social, o el aspecto productivo.
Mientras, queda claro: el piojillo ya estaba aquí. 
