La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a poner sobre la mesa el tema del Fobaproa, señalando que no existe una auditoría concluyente al respecto. En una conferencia de prensa matutina, sustentó su afirmación en un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que indica que el pago del rescate bancario, que se extenderá hasta 2050, se realizó sin reglas de operación claras y estuvo marcado por un manejo discrecional y actos de corrupción.
Sheinbaum citó a Pablo Gómez, quien mencionó que en el momento del rescate había dos opciones disponibles. Sin embargo, la mandataria destacó que otros países han manejado situaciones similares de manera diferente. Según ella, el problema radica en que el rescate bancario convirtió deudas privadas entre bancos en deudas que recaen sobre todos los mexicanos. “Los criterios para decidir a quién pagar fueron completamente discrecionales, y ahí hubo una enorme corrupción”, afirmó.
Además, anunció que el secretario de Hacienda, Édgar Abraham Amador Zamora, comparecerá la próxima semana para abordar el tema de los bonos del IPAB, reconociendo que es un asunto complejo que no se puede resolver de la noche a la mañana. Sheinbaum enfatizó que cualquier decisión sobre el pago de la deuda tiene importantes implicaciones para la economía del país y que es fundamental que el pueblo esté informado.
Presentando el Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate del 1993-2004 de la ASF, la presidenta argumentó que tanto la Ley de Instituciones de Crédito como el contrato del Fobaproa carecían de disposiciones claras que regularan su operación. Esta falta de políticas y reglas llevó a un manejo discrecional del comité técnico encargado del rescate bancario.
Sheinbaum destacó que el análisis de los 25 informes presentados reveló que no se habían seguido criterios uniformes y que la información contenida en ellos solo ofrecía una descripción de hechos sin una investigación o confirmación adecuada. También mencionó que los informes de los bancos, que presentaron limitaciones, sirvieron como base para un informe del auditor canadiense Michael W. Mackey, el cual no puede considerarse una auditoría completa.
Por último, la presidenta señaló que la ASF había informado al IPAB sobre la anulación de siete auditorías que se estaban realizando en relación con la cuenta pública de 2004, lo que refleja aún más las irregularidades en el manejo del Fobaproa.
Con información de Latinus.
