La ministra Yasmín Esquivel Mossa ha decidido no aceptar el fallo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que la encontró, junto con su colega Loretta Ortiz, en violación de las reglas de la elección judicial durante el inicio de sus campañas el pasado 30 de marzo. En un comunicado breve, Esquivel afirmó que el INE carece de la autoridad para determinar si se ha cometido una infracción a la ley electoral.
“El INE no tiene la atribución de determinar si existe o no una violación a la ley electoral. Esa responsabilidad corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez que el proceso de investigación concluya”, destacó la ministra, dejando claro que se reserva su derecho a apelar la decisión en un contexto donde las tensiones políticas son palpables.
El comunicado de Esquivel se produce después de que la Comisión de Quejas y Denuncias declarara improcedentes las medidas cautelares solicitadas en su contra. “Ante algunas versiones que se han difundido, aclaramos que el INE resolvió, en la sesión celebrada hoy a las 18:00 horas, que son improcedentes las medidas solicitadas respecto a la candidatura de Yasmín Esquivel Mossa”, agregó.
La denuncia que dio origen a esta controversia fue presentada por Carlos Enrique Odriozola Mariscal, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien acusó a las ministras de recibir apoyos en especie del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), respectivamente.
La intervención del INE en este caso resalta las complejidades de la política mexicana, donde la línea entre la legalidad y la estrategia electoral se vuelve borrosa. Las palabras de Esquivel no solo desafían el fallo del INE, sino que también ponen en evidencia la lucha por el poder y la influencia que se manifiesta en cada rincón del proceso electoral.
A medida que el panorama político se desarrolla, será interesante observar cómo esta disputa influye en las campañas y en la percepción pública de la integridad del proceso electoral. La respuesta de la comunidad política y de los ciudadanos ante estas declaraciones puede tener un impacto significativo en la dinámica del próximo ciclo electoral.
Con información de Latinus.
