El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha encendido las alarmas al acusar al Gobierno de México de transferir recursos de fideicomisos del Poder Judicial a la Tesorería de la Federación sin realizar una consulta previa. Esta acción, que socava la autonomía del Poder Judicial, ha sido anunciada en un comunicado donde el CJF también ha señalado que tomará medidas de conciliación y acciones legales pertinentes.
La transferencia fue llevada a cabo por Nacional Financiera (Nafin), una institución financiera bajo el control del Estado, que ha sido criticada por actuar sin el consentimiento del CJF. Según el comunicado, los recursos extraídos se destinarán a pagar a aquellos juzgadores que decidieron no participar en la Elección Judicial de 2025 o que no fueron electos.
La situación es aún más compleja, ya que los fondos no habían sido entregados al Ministerio de Hacienda debido a suspensiones judiciales promovidas por el CJF, que impedían cualquier movimiento de los fideicomisos hasta que se alcanzara una resolución. Este enredo legal plantea serias preguntas sobre la independencia del Poder Judicial y su capacidad para operar sin interferencias externas.
En total, se estima que el Gobierno Federal ha “arrebatado” alrededor de 10.267 millones de pesos, correspondientes a cuatro fideicomisos clave: pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, desarrollo de infraestructura para implementar reformas constitucionales en materia de justicia federal, y apoyos médicos complementarios para los servidores públicos del Poder Judicial.
La denuncia del CJF no solo pone en evidencia las tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial, sino que también subraya un patrón preocupante en la relación entre estos dos poderes. La falta de consulta y la transferencia unilateral de recursos son cuestiones que podrían tener repercusiones graves para la estabilidad y la confianza en el sistema judicial mexicano.
La situación actual refleja la necesidad urgente de revisar y fortalecer los mecanismos que garantizan la autonomía del Poder Judicial, así como de fomentar un diálogo constructivo entre ambos poderes. En un país donde la justicia y la transparencia son fundamentales, es imperativo que se respeten los derechos y los recursos del Poder Judicial, y que cualquier acción del Gobierno se realice con el debido proceso.
Con información de PoliticoMx.
