La contienda política en Chihuahua se intensifica con la reciente denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) contra la senadora Andrea Chávez, a quien acusan de estar involucrada en un esquema de enriquecimiento ilícito. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), y se centra en sus vínculos con el empresario Fernando Padilla Farfán, señalado de financiar una campaña anticipada para la gubernatura.
Jorge Romero, dirigente del partido, aseguró que hay evidencia de que la morenista está utilizando las Caravanas de Salud como plataforma para llevar a cabo esta campaña anticipada. “Estamos absolutamente convencidos de que está haciendo una campaña adelantada… cada quien tiene derecho a una aspiración, pero lo que está pasando es ilegal”, declaró ante los medios, dejando claro que el PAN no se quedará de brazos cruzados ante lo que consideran un abuso.
La presidenta del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, también se unió a las acusaciones, señalando que Chávez ha colocado espectaculares en todo el estado para promover su imagen, lo que eleva aún más las sospechas sobre sus intenciones políticas.
La denuncia no es trivial; según el abogado y panista Roberto Gil Zuarth, incluye al menos 15 delitos del fuero federal. Esto se basa en la supuesta existencia de contratos públicos por más de 2,500 millones de pesos vinculados a la empresa de Padilla y las unidades médicas relacionadas. Aunque Chávez ha defendido estas transacciones como “donativos” del sector empresarial, el PAN sostiene que estas donaciones no han sido reportadas adecuadamente, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de sus acciones.
Romero no escatimó en palabras al describir la situación: “Este es el robo perfecto. Le roban recursos al pueblo, que deben estar destinados a curar la enfermedad, en nombre del pueblo, para someterlo políticamente y mantenerlo en la pobreza y la enfermedad”. Este tipo de acusaciones resuena con fuerza en un contexto donde la desconfianza hacia los funcionarios públicos es cada vez más palpable, y donde la lucha por el poder se libra no solo en las urnas, sino también en los tribunales.
La denuncia contra Andrea Chávez es un recordatorio de que la política en México sigue siendo un campo de batalla donde las acusaciones de corrupción y abuso de poder son moneda corriente. La respuesta de la senadora y el desarrollo de este caso serán cruciales no solo para su futuro político, sino también para la percepción pública sobre la integridad de los actores políticos en el estado. Mientras tanto, el PAN se posiciona como un vigilante de la legalidad, prometiendo que no dudarán en actuar contra aquellos que intenten jugar con las reglas del juego democrático.
Con información de PoliticoMx.
