El Instituto Nacional Electoral (INE) ha encendido las alarmas al revelar que cinco estados se encuentran en “riesgo alto” de cara a las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio, debido a la negativa de los gobiernos estatales a otorgar las ampliaciones presupuestales solicitadas por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Durante la sesión ordinaria del Consejo General del INE, se indicó que los estados en cuestión son Colima, Zacatecas, Nayarit, Yucatán, todos gobernados por Morena, y San Luis Potosí, bajo el mando del Partido Verde. La situación es crítica, ya que en varios de estos estados, los recortes presupuestales han alcanzado cifras alarmantes: hasta un 85% en Quintana Roo, 77% en Aguascalientes y Colima, 74% en Nayarit, y 69% en Zacatecas. Estos recortes directos no solo afectan los recursos ordinarios, sino que también comprometen la realización de las elecciones del Poder Judicial local.
El consejero Fernando Faz Mora expresó su preocupación al calificar de “irracional e irresponsable” el comportamiento institucional de los poderes locales en estos estados. En el caso de Nayarit, solo se aprobó una cuarta parte de lo solicitado para llevar a cabo las elecciones, lo que significa que los comicios se realizarán con una premura que no garantiza su correcta organización.
Yucatán ha sido otro foco de atención, ya que hasta principios de marzo no se contemplaba la realización de elecciones judiciales. La falta de respuesta a su solicitud de extensión presupuestaria aumenta el riesgo de que estos comicios se lleven a cabo en un ambiente de incertidumbre y desorganización.
Por su parte, Ciudad de México y Tamaulipas se encuentran en “riesgo medio” debido a que también solicitaron ampliaciones presupuestales para organizar las elecciones, aunque hasta el momento no han recibido respuesta a 64 días de los comicios.
El informe del INE subraya que solo tres entidades, Chihuahua, Coahuila y Estado de México, cuentan con el presupuesto necesario para llevar a cabo las elecciones, habiendo recibido el 100% de lo solicitado. Tlaxcala, por su parte, se aprobó el 94% de la petición.
La falta de recursos y la inacción de los gobiernos estatales plantean serias dudas sobre la capacidad de llevar a cabo unas elecciones judiciales justas y transparentes. La intervención del INE es crucial para garantizar que el proceso electoral no se vea comprometido por la falta de apoyo financiero. En un contexto donde la legitimidad del sistema judicial es fundamental para la democracia, es imperativo que se priorice la inversión en las elecciones del Poder Judicial y se garantice que todos los ciudadanos tengan acceso a un proceso electoral equitativo.
Con información de Latinus.
