Un predio asegurado la noche del miércoles en Ensenada, Baja California, por el Ejército y la Guardia Nacional, ha sido identificado como un centro de distribución clandestino de gasolina, y sorprendentemente, pertenece a Gerardo Novelo Osuna, exsenador suplente de Jaime Bonilla por Morena en la pasada legislatura.
La información fue confirmada por el propio Novelo Osuna a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Facebook, aunque dicha publicación fue eliminada unas horas después de ser difundida. En su mensaje, el morenista aclaró que el terreno, ubicado en El Sauzal de Rodríguez, “fue rentado a Luis Francisco Rodríguez Orozco, conocido como ‘Gussy’, originario de Ensenada, mediante un contrato de arrendamiento”. En su defensa, incluso incluyó una captura parcial de dicho contrato.
Sin embargo, la situación plantea serias preguntas sobre la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos y su conexión con actividades ilegales. Según medios locales, en el predio se encontraron al menos 7 mil litros de hidrocarburos almacenados, así como trailers equipados con tanques para almacenar combustible. Las primeras versiones sugieren que el combustible había sido ingresado al país tras cruzar la aduana de México, lo que añade una capa adicional de preocupación sobre la posible complicidad de funcionarios en este tipo de operaciones.
La revelación de que un exsenador de Morena está vinculado a un centro de distribución de gasolina clandestino no solo mancha la imagen del partido, que ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de sus pilares, sino que también plantea la necesidad de una investigación cuidadosa y transparente sobre cómo estas actividades ilícitas pueden estar conectadas con redes más amplias de corrupción y tráfico de combustible en México.
Este escándalo es un recordatorio de que la política no está exenta de los mismos problemas que busca erradicar. La ciudadanía merece respuestas claras y acciones contundentes para asegurar que quienes ocupan cargos de poder no se beneficien de actividades ilícitas. La lucha contra la corrupción y el crimen organizado debe ser una prioridad, y no puede haber espacio para la complicidad entre políticos y criminales.
La eliminación del comunicado por parte de Novelo Osuna solo añade más leña al fuego de la sospecha. ¿Qué más hay detrás de esta historia? La sociedad mexicana exige transparencia y justicia, y la responsabilidad recae sobre los funcionarios para demostrar que están del lado de la ley y no de la impunidad. La situación en Ensenada es un llamado a la acción, y es imperativo que se aborde con la seriedad que merece.
Con información de Latinus.
