La organización México Evalúa ha advertido que al menos ocho estados de la República presentan altos niveles de riesgo de violencia ‘político-criminal’ de cara a las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio. Los estados identificados son Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima, con Baja California clasificado como de “riesgo muy alto”.
Este análisis resalta una preocupante realidad en un contexto donde la violencia ha marcado el rumbo de los procesos electorales en México. Las elecciones de 2024 fueron catalogadas como las más violentas en la historia reciente, con más de 550 víctimas registradas, lo que aumenta la preocupación de que estos escenarios se repitan en los comicios judiciales venideros.
Además de los estados con alto riesgo, México Evalúa también ha identificado otras siete regiones con “riesgo medio”: Sonora, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. Por otro lado, solo cuatro estados, Coahuila, Durango, Aguascalientes y Yucatán, han sido considerados de “riesgo bajo”.
La organización advierte que, por primera vez en la historia del país, se llevarán a cabo elecciones para ocupar diversos cargos en el Poder Judicial Federal, lo que podría atraer la atención del crimen organizado, que busca consolidar su control territorial y político. La violencia político-criminal se ha convertido en un mecanismo recurrente mediante el cual poderes fácticos intentan imponer sus intereses en los procesos electorales locales.
Frente a este panorama, México Evalúa propone un enfoque de seguridad hiperfocalizado, que priorice la protección en regiones de alto riesgo, brinde seguridad a candidaturas vulnerables y utilice corporaciones con un menor grado de infiltración criminal. La urgencia de actuar es evidente, ya que las campañas están programadas para iniciar el 30 de marzo; sin una estrategia efectiva, las elecciones del Poder Judicial podrían transformarse en un nuevo episodio de violencia e impunidad.
El reporte enfatiza que evitar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales requiere una transformación profunda del Estado de derecho. Esto incluye la necesidad de construir instituciones políticas profesionalizadas y responsables, mejorar la efectividad de las instituciones de seguridad y justicia, y fomentar un bienestar compartido que reduzca las condiciones que permiten la infiltración criminal en la política.
La comunidad internacional y las autoridades nacionales observan con atención el desarrollo de estos procesos, conscientes de que la integridad de las elecciones judiciales es fundamental para la consolidación democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho en México. Con un récord de más de 4,000 candidaturas que serán votadas por más de mil 4 millones de votantes, la responsabilidad sobre el futuro del sistema judicial en el país recae no solo en los candidatos, sino también en la voluntad del pueblo por exigir seguridad y justicia.
Con información de EFE.
