El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró en la conferencia matutina que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, actualmente prófugo de la justicia, será detenido “tarde o temprano”. Gertz Manero afirmó que todo el gabinete de seguridad está siguiendo “con mucha precisión” las acciones del exgobernador, quien, según él, se dio a la fuga con el apoyo de “una serie de protecciones de la vieja administración”.
El fiscal precisó que Aureoles está vinculado a un caso de corrupción que involucra el pago sobreprecio en la construcción de siete cuarteles en Michoacán. En total, cinco personas están implicadas en esta investigación, de las cuales cuatro ya han sido detenidas y procesadas. “Inclusive, cuando ellos supieron de esta investigación, trataron de evitar las responsabilidades penales a través de una oferta de criterio de oportunidad que finalmente no fue más que eso, un encubrimiento de la situación que tenían”, indicó Gertz Manero.
El funcionario también mencionó que se han presentado 13 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por parte del actual gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en las que se le imputan a Aureoles delitos como peculado, administración fraudulenta, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
“Es una investigación que viene desde hace tiempo, denuncias por la construcción de una serie de cárceles locales en las que hubo un evidente peculado de unas enormes dimensiones”, destacó Gertz Manero, quien subrayó que, después de enfrentar varios obstáculos en el Poder Judicial, finalmente se concedió la orden de aprehensión el 27 de febrero contra Aureoles y sus colaboradores.
Entre los exfuncionarios actualmente procesados se encuentran Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas de Michoacán; José Antonio Bernal, exsecretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas; y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad de Michoacán. Estos intentaron acogerse a un criterio de oportunidad para evitar la detención, pero su solicitud no fue aceptada.
A inicios de marzo, se reveló que había una orden de aprehensión contra Aureoles por administración fraudulenta relacionada con la construcción de los cuarteles. El costo real de cada cuartel no supera los 100 millones de pesos, mientras que el pago declarado ascendió a 4 mil millones de pesos.
El pasado 7 de marzo, tras una prolongada audiencia de 21 horas, la jueza de distrito Patricia Sánchez Nava vinculó a proceso a los cuatro exfuncionarios involucrados por el desvío de recursos por más de 4 mil millones de pesos, lo que subraya la gravedad de las acusaciones y el compromiso de la Fiscalía por llevar a cabo un proceso judicial riguroso.
Con información de Héctor Gordoa.
