A pesar de considerar que debe protegerse el maíz nativo, como un patrimonio biocultural de México, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, integrado por el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño y la diputada MC. Angélica Díaz Quiñónez, señalaron que una prohibición total del maíz transgénico sin estrategias complementarias para mejorar la productividad podría comprometer la seguridad alimentaria del país, frenar la innovación científica y generar conflictos comerciales internacionales.
“Si bien la protección del maíz nativo es una causa legítima y necesaria, es imperativo que cualquier regulación en la materia esté sustentada en evidencia científica y contemple un equilibrio entre tradición y desarrollo tecnológico”.
Durante la Sesión Extraordinaria, el coordinador de la bancada del PAS, doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño reconoció en tribuna la relevancia de este debate y consideró fundamental abordar este tema desde una perspectiva integral que contemple el desarrollo tecnológico, la autosuficiencia alimentaria y las implicaciones económicas y comerciales de la medida.
“A pesar de los objetivos de protección del maíz nativo, observamos con preocupación que este decreto podría limitar el desarrollo agrícola y la competitividad del país, al restringir el uso de tecnologías transgénicas que han demostrado incrementar la productividad en diversas naciones. Uno de los efectos más preocupantes de esta legislación es que podría desincentivar la investigación científica y la innovación en biotecnología agrícola, limitando el avance de nuevas variedades mejoradas que podrían beneficiar a los productores mexicanos”. Corrales Burgueño explicó que en un contexto de cambio climático y creciente demanda de alimentos, la ciencia debe ser un aliado estratégico en la búsqueda de soluciones sostenibles, y no un campo restringido por regulaciones que carezcan de sustento técnico. Dijo que, desde la perspectiva de autosuficiencia alimentaria, es fundamental reconocer que el maíz nativo, aunque valioso por su diversidad genética y su adaptación a distintos ecosistemas, presenta rendimientos considerablemente inferiores en comparación con variedades híbridas y transgénicas.
“En México, el rendimiento promedio del maíz nativo es de 1.5 a 2 toneladas por hectárea, mientras que los maíces híbridos alcanzan entre 7 y 10 toneladas por hectárea en condiciones óptimas. De hecho, más del 40% del maíz que se consume en México es importado, en su mayoría maíz amarillo transgénico. Ante este escenario, una prohibición total del maíz genéticamente modificado sin estrategias alternativas de aumento de la productividad podría incrementar la dependencia del país en importaciones, afectando la seguridad alimentaria y el acceso a insumos básicos para la producción de alimentos”.
Añadió que otra de las preocupaciones del PAS radica en las repercusiones económicas y comerciales que podrían derivarse de la implementación de este decreto, pues al restringir el uso del maíz transgénico, México podría enfrentar conflictos con sus principales socios comerciales, en particular Estados Unidos y Canadá, dentro del marco del T-MEC.
“Es importante recordar que ya han surgido disputas comerciales en torno a la regulación del maíz genéticamente modificado, y una prohibición absoluta podría derivar en represalias comerciales o incluso en la obligación de compensaciones económicas por parte del Estado mexicano. En un contexto global donde la competitividad agrícola es clave, esta medida podría poner en desventaja a los productores nacionales y elevar el costo de los alimentos para los consumidores.
