Durante la reciente audiencia ante la Suprema Corte de Estados Unidos en Washington D.C., México presentó su caso contra los fabricantes de armas, argumentando que estas empresas son responsables de abastecer a los cárteles de la droga con armamento de alto poder. Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que alrededor de medio millón de armas ingresan a México anualmente, y las compañías involucradas son plenamente conscientes de esta situación.
En su intervención, Arrocha denunció que las organizaciones criminales están armadas con equipos que les han permitido derribar helicópteros militares mexicanos, así como con armas semiautomáticas de gran calibre, como las AR-15, las cuales no pueden ser adquiridas legalmente por civiles en México. “Estas armas son utilizadas para causar lesiones y muertes a decenas de miles de mexicanos cada año, un problema que se alimenta del tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos”, explicó.
El representante de México subrayó que los fabricantes de armas parecen estar más interesados en la rentabilidad económica que en asumir la responsabilidad que tienen al proveer a estas organizaciones delictivas. “Es fundamental interrumpir el suministro de armas de fuego para combatir a los cárteles”, destacó.
Arrocha se refirió al flujo de armas como un “torrente de hierro”, señalando que este fenómeno inunda a México con medio millón de armas o más cada año. “Los fabricantes y distribuidores estadounidenses son conscientes de su papel en este problema y continúan alimentando esta situación”, aseveró.
Pese a las críticas hacia los fabricantes, el consultor jurídico enfatizó que México respeta el derecho de los estadounidenses a poseer armas. Sin embargo, acusó a las armerías de aprovechar las leyes de EE. UU. para facilitar el suministro de armas a los criminales en México.
“El gobierno de México respeta las políticas de Estados Unidos. Quiero ser categórico en que esta demanda no se relaciona con la segunda enmienda ni con los derechos de los ciudadanos estadounidenses a poseer armas de fuego. Lo que nos preocupa es el tráfico ilícito de armas hacia nuestro país, donde su posesión es ilegal, y esto es resultado de la negligencia de los fabricantes, quienes son plenamente conscientes de cómo se desvían sus productos”, concluyó Arrocha.
Con información de Latinus.
