La presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado la colaboración con Estados Unidos en temas migratorios, y el Departamento de Estado ha aplaudido la llegada de vuelos de deportación al sur del país.
En el último mes, más de 3,300 migrantes han sido devueltos a México desde Estados Unidos. Según informan los colectivos civiles que asisten a estas personas, provienen de al menos siete naciones: Venezuela, Haití, Nicaragua, Cuba, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Varios de ellos portaban documentos en los que se podía leer “Motivo del traslado: expulsión. Nombre de la nueva instalación (migratoria): México”.
Expertos señalan que estos documentos son inusuales y no tienen relación con la propuesta estadounidense de reactivar el programa que permitiría a los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperar en México por sus citas en la corte, algo que aún no se ha implementado, según indicó el IMUMI, una de las principales organizaciones no gubernamentales en defensa de los migrantes.
En este contexto, Sheinbaum ha presumido del buen entendimiento con Estados Unidos en el tema migratorio, mientras que el Departamento de Estado celebra “la recepción de vuelos de deportación al sur de México y la repatriación de migrantes ilegales a sus países de origen”. Sin embargo, México no ha ofrecido más detalles sobre esos retornos.
Más al sur, aunque los números han sido menores, el impacto de los traslados ha sido significativo. Varios cientos de migrantes de una docena de países asiáticos, algunos provenientes de lugares con situaciones complicadas como Irán o Afganistán, llegaron la semana pasada al sur de Centroamérica.
Panamá, un país que ha visto cruzar a más de 500,000 migrantes hacia el norte en 2023, recibió a casi 300 de ellos, quienes fueron albergados en un hotel en la capital. Algunos mostraron carteles a través de las ventanas pidiendo ayuda y solicitando no ser devueltos a sus países de origen.
Los que se negaron a regresar fueron enviados a un campamento remoto en la selva del Darién, el mismo que muchos habían cruzado en dirección contraria. Su destino actual es incierto. Una deportada en el campamento expresó a The Associated Press su preocupación por la falta de información sobre sus derechos y el tiempo que permanecerían allí, dado las malas condiciones.
Vuelos similares han aterrizado en Costa Rica, donde los migrantes fueron enviados a un campamento remoto que anteriormente también había albergado a migrantes en su camino al norte.
Además de los traslados oficiales, entre 50 y 75 migrantes están moviéndose hacia el sur diariamente, buscando regresar a sus países, según datos del viceministro de Interior costarricense, Omer Badilla.
El funcionario mencionó la posibilidad de que Panamá y Colombia se sumen a la organización de viajes en barco desde el país centroamericano al sudamericano, aunque ninguna de las naciones ha confirmado públicamente su participación.
Panamá y Costa Rica están intentando gestionar este flujo de retorno, asegurando que respetan los derechos humanos de todas las personas, con el apoyo de agencias de Naciones Unidas y con el gobierno estadounidense cubriendo los gastos.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha indicado que colabora con las autoridades locales para ofrecer “servicios básicos” a los migrantes, asegurando un trato digno y facilitando retornos voluntarios “cuando sea seguro realizarlos”, aunque no participa directamente en la detención o restricción del movimiento de las personas.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó que “la situación está bastante bajo control” en el flujo de sur a norte, pero advirtió que ahora el problema se presenta en la dirección opuesta y espera que se pueda manejar de manera ordenada.
Organizaciones civiles han expresado su preocupación por la falta de garantías en la protección internacional de los migrantes, así como por el hecho de que Estados Unidos esté utilizando a terceros países para deportar a nacionales de naciones con las que no tiene buenas relaciones, eludiendo las convenciones que prohíben devolver a personas a lugares donde corren peligro.
Gretchen Kuhner, directora de IMUMI, puso de ejemplo un vuelo que deportaba a venezolanos desde Estados Unidos, el cual hizo escala en Cancún, pero su organización no pudo interactuar directamente con los migrantes a bordo para saber si deseaban solicitar asilo en México.
Actualmente, el enfoque de las organizaciones de derechos civiles es rastrear los traslados, recopilar datos y denunciar cualquier abuso en los tribunales, algo que ya ha comenzado a realizarse en Estados Unidos, según Kuhner.
El investigador de WOLA, Isacson, mencionó que entre los venezolanos deportados a Caracas hay casos de desertores de las Fuerzas Armadas que se enfrentarán a la institución de la que huyeron, así como disidentes iraníes que podrían ser perseguidos o incluso condenados a muerte si regresan.
Los gobiernos de la región intentan mantener buenas relaciones con Trump sin parecer cómplices de su maquinaria de deportaciones. Isacson enfatizó la importancia de la transparencia en todas sus acciones para protegerse de críticas.
“Ruego a los gobiernos y los Estados que están involucrados en esto que sean lo más transparentes posibles, aunque a veces la información sobre lo que les está pasando sea un poco vergonzosa para ellos”, concluyó.
Con información de AP.
