El gobierno del presidente Donald Trump ha dado marcha atrás en su decisión de suspender la ayuda legal destinada a niños migrantes que llegan solos a Estados Unidos. Esta reversión se produjo después de que el gobierno informara a los grupos de apoyo que debían cesar sus actividades, lo que generó preocupación sobre la situación de estos menores.
El Acacia Center for Justice anunció que recibió notificación del gobierno federal permitiendo la reanudación de los servicios jurídicos para decenas de miles de niños migrantes no acompañados. Este cambio ocurre tras la suspensión del programa que proporciona representación legal a estos menores, quienes a menudo son tan pequeños que necesitan pañales.
El contrato, valorado en 200 millones de dólares, permite a Acacia y sus socios ofrecer asistencia legal a aproximadamente 26,000 niños, así como capacitación jurídica a otros 100,000. Aunque la comunicación del Departamento del Interior no explicaba las razones detrás de la restauración del programa, afirmaba que la orden de detener los servicios jurídicos había sido cancelada.
Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia, expresó su compromiso de seguir colaborando con el gobierno para asegurar que los servicios vitales que protegen los derechos de los niños sean completamente restaurados. Sin embargo, subrayó que es crucial que ningún niño tenga que enfrentar el sistema de inmigración sin la debida representación.
La presión del público fue notable, ya que en menos de 48 horas se enviaron más de 15,000 cartas al Congreso solicitando la reactivación del programa. Este proyecto cuenta con un financiamiento de cinco años, aunque el gobierno tiene la opción de decidir su renovación al final de cada año, con el plazo para este año que concluye en marzo.
A pesar de la reversión de la decisión, Michael Lukens, director ejecutivo del Amica Center for Immigrant Rights, expresó su preocupación continua. Advirtió que el ataque a los derechos de los niños migrantes es alarmante y que la suspensión inicial habría dejado a muchos menores sin protección ni debido proceso.
La Ley de Protección de Víctimas de Trata de 2008 establece medidas especiales para los niños no acompañados, asegurando que el gobierno facilite la representación legal en los procesos de deportación, aunque no obliga a que cada niño tenga abogado.
Organizaciones que brindan asistencia legal han destacado que la restauración de fondos es fundamental para mantener las protecciones necesarias para estos niños vulnerables. Wendy Young, presidenta de Kids in Need of Defense, instó al gobierno a continuar apoyando los servicios bajo el contrato existente.
Con información de AP.
