Luego de que la Cámara de Diputados aprobara, tras dos días de discusión, el dictamen que reforma la Constitución en materia de simplificación orgánica, a través de la cual se transfieren facultades y obligaciones de siete organismos autónomos a las dependencias de la administración pública para evitar duplicidad de funciones; la diputada federal Graciela Domínguez Nava, aseguró que con esta legislación no se violenta el derecho a la información y la transparencia. Por el contrario, se fortalecen los derechos ciudadanos y el estado mexicano
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), traslada sus funciones a la Secretaría de la Función Pública, que en días cambiará su nombre por Anticorrupción y Buen Gobierno y tendrá como una de sus tareas, garantizar el derecho al acceso a la información pública de los ciudadanos.
En los Estados Unidos, así como en diversos países tanto de Europa como de América Latina, se ha implementado el modelo de que sea el gobierno el encargado de garantizar el derecho al acceso a la información pública de las y los ciudadanos, y no un organismo autónomo. México era un caso atípico, pues se sostenían una serie de organismos autónomos duplicando funciones que le corresponden al gobierno.
“Se ha demostrado con el paso del tiempo que los organismos autónomos como el INAI, sólo han servido para simular darle participación a los ciudadanos, debido que nacieron con un diseño controlado políticamente. Las designaciones de los comisionados eran negociaciones entre el PRI y el PAN, y estas mismas prácticas se desarrollaron en las comisiones de acceso a la información de las entidades federativas. Salvaguardando el profesionalismo de algunos comisionados que se han entregado a su labor con convicción y profesionalismo, es importante señalar que el problema ha sido el diseño de simulación ciudadana bajo el control político”, señaló la diputada sinaloense por el distrito 01.
Con la aprobación de este dictamen, también trasladan sus facultades la Cofece y el IFT, mismas que se transfieren a la Secretaría de Economía. La Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación queda en manos de la SEP, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos trasladan sus facultades a la Secretaría de Energía, mientras que el Consejo Nacional de Evaluación de de la Política de Desarrollo Social (Coneval) mueve sus facultades al INEGI.
“El dictamen aprobado tiene como faro el ideal progresista de bienestar popular, con un estado activo y un servicio público austero y eficaz. Esta reforma forma parte del Plan C que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para recuperarle al Estado mexicano la rectoría política, económica y soberana, por eso en Morena apoyamos esta Reforma Constitucional en simplificación orgánica”, aseguró Graciela Domínguez para concluir.
