La jueza federal Nancy Juárez dejó en claro que sí tiene atribuciones para ordenar bajar del
DOF la reforma judicial
La jueza federal Nancy Juárez dijo que es consciente del riesgo que corre, luego de que ordenó al Gobierno federal bajar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma judicial.
“Es un riesgo que corremos todos los juzgadores por ser independientes al tomar nuestras decisiones, lo sabemos y lo asumimos, me siento tranquila (…) porque me actuación se encuentra ajustada al marco legal”, sostuvo.
En entrevista con Manuel Feregrino Por la Mañana de Grupo Fórmula, la jueza del Décimo Noveno Juzgado de Distrito en Veracruz respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum al dejar en claro que tiene todas las facultades para frenar la reforma judicial bajo la Ley de Amparo.
“El argumento que maneja es totalmente falso en cuanto a que no tengo atribuciones y dice que una jueza un juez no puede estar por encima del pueblo y pues no es que esté o no por encima del pueblo, aquí en México hay tres Poderes federales cada uno con distintas facultades.”, señaló.
“El Poder Judicial es quien defiende al pueblo de los actos arbitrarios de otra autoridad (…) Todos los jueces tenemos facultad para paralizar los actos como sucede en este asunto”, puntualizó.
La juzgadora expuso que todas las autoridades están obligadas a atender atender los llamados del Poder Judicial y en dado caso de no hacerlo, deberán responder ante el Ministerio Público de la Federación.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, avisó que denunciara a la jueza Nancy Juárez por ordenarle “sin sustento jurídico” que revoque la promulgación de la reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial.
“No vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta jueza ante el Consejo de la Judicatura”, manifestó Sheinbaum en su conferencia matutina.
El fallo estableció un plazo de 24 horas para Sheinbaum Pardo y el director del Diario Oficial de la Federación (DOF), Alejandro López, o, de lo contrario, afrontar una pena de tres a nuevo años de prisión, una multa, y la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo.
Con información de López-Dóriga Digital
