Culiacán, Sinaloa.- En un posicionamiento emitido en la sesión de este martes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, la diputada Juana Minerva Vázquez González, integrante del grupo parlamentario de Morena, defendió enérgicamente la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y criticó los amparos concedidos por jueces para frenar dicha iniciativa.
La presidenta de la Diputación Permanente calificó estos amparos como una grave violación a la división de poderes y una amenaza al Estado de Derecho en México, ya que estas acciones judiciales no solo paralizan un esfuerzo legítimo de renovación institucional, sino que también reflejan un profundo conflicto de intereses dentro del aparato judicial del país.
“El sistema actual, donde jueces, magistrados y ministros son seleccionados por un pequeño grupo de poder, ha generado una justicia que responde más a los intereses particulares que a las necesidades de la ciudadanía”, afirmó.
La diputada argumentó que los amparos contra la reforma perpetúan este ciclo de corrupción y protegen los privilegios de una casta judicial desconectada de las exigencias populares.
Vázquez González hizo hincapié en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema y que el análisis, discusión y aprobación de modificaciones constitucionales corresponden exclusivamente al Congreso de la Unión.
También señaló que, según el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. Además, mencionó una tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que respalda este criterio.
“Es inaceptable que jueces, cuya función principal debería ser velar por la justicia y el bienestar común, utilicen su posición para frenar un proceso legislativo legítimo y constitucional”, declaró.
Finalmente, la diputada defendió la propuesta de que jueces y magistrados sean electos por voto popular, argumentando que esta medida es necesaria para garantizar que quienes imparten justicia lo hagan con lealtad al pueblo y no a intereses políticos o económicos.
