Magistrados recalcan que la propuesta abre puertas a grupos de poder e incluso criminales
Si la reforma judicial avanza tal como está escrita, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) de México tiene la intención de convocar un paro indefinido de labores.
Así lo afirma Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la JUFED, quien anotó durante una manifestación a la entrada del edificio del Poder Judicial en la Ciudad de México, que los integrantes de la judicatura formaron una “coalición para la defensa de la independencia judicial”.
La coalición se forma previendo la posible aprobación de la reforma por parte de la mayoría que tendrá el partido oficial en la Cámara a partir del 1 de septiembre.
Fuentes Velázquez explicó que “en su caso, (los trabajadores del Poder Judicial) acordaremos la suspensión temporal de trabajo, en uso de un derecho de rango máximo”.
La jueza precisó que “la suspensión de labores, como última medida” será empleada “con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales”.
“Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirían decretarla en el momento en el que se vuelva necesaria”, agrega.
Subrayó que la reforma, que pretende la elección de jueces y ministros por voto popular, “abriría la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión efectiva sobre los poderes judiciales”.
La jueza advirtió que “aunque esta propuesta puede parecer una medida democrática, es fundamental reflexionar sobre los riesgos que implica para la independencia judicial”.
La juzgadora señaló que “el nuevo Gobierno tiene la oportunidad histórica de lograr una reforma trascendental, siempre que reconozca el deber de abordar los problemas de acceso a la justicia” para todas las personas, “y al mismo tiempo, para proporcionar el incentivo de seguridad jurídica a los inversionistas”.
Enumeró varios frentes a atender, como la profesionalización de policías y fiscales, el robustecimiento de las defensorías públicas y la regeneración del sistema carcelario.
Dijo que “afrontar este reto con asertividad puede ser la bandera del próximo Gobierno, si se toma en cuenta que las voces que han mostrado preocupación legítima merecen ser atendidas para emprender un proceso de reforma distinto”.
“Si se hiciera caso a esta petición, todos en la judicatura, los más de 50 mil mujeres y hombres que la conformamos, apoyaremos las mejores propuestas de enmienda a la Constitución y a las leyes que se ventilen en el Congreso”.
