Culiacán, Sinaloa.- Debido a los constantes casos de violación a los derechos humanos de jornaleros agrícolas que viajan desde otros estados, en especial de Chihuahua hacia los campos del estado de Sinaloa, los diputados de Morena Aurelia Leal López y Martín Vega Alvarez, hicieron usos de la tribuna durante la sesión de este martes, para señalar la falta de atención en este tema.

La primera en exponer en tema ante el Pleno fue la diputada Aurelia Leal López, quien hizo un enérgico llamado a la acción en el Congreso para abordar la crítica situación que enfrentan los jornaleros agrícolas, especialmente los indígenas migrantes, en el estado de Sinaloa y otras regiones del país.

En su intervención, Leal López denunció la persistencia de condiciones laborales que calificó como “esclavitud moderna”, por lo que señaló que la eliminación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas ha agravado significativamente la vulnerabilidad de este sector.

Dijo que la injusticia social necesita ser denunciada y combatida, ya que es lamentando la falta de seguimiento legal a casos previamente denunciados de explotación laboral, particularmente de jornaleros provenientes de Chihuahua, donde el mayor problema se da por las condiciones laborales precarias que incluyen salarios injustos, vivienda inadecuada, y falta de acceso a servicios básicos de salud y educación.

Mencionó que son alarmantes los casos de fallecimientos de menores de edad debido a inadecuados sistemas de alimentación y tratamiento de enfermedades infecciosas, además de situaciones extremas, como partos de mujeres indígenas en condiciones insalubres en baldíos y matorrales.

La legisladora morenista se refirió, específicamente al caso reciente de 61 jornaleros indígenas de Chihuahua que no podían regresar a su lugar de origen por falta de pago de salarios, quienes estaban laborando en el Campo 35, ubicado en el municipio de Ahome.

La diputada hizo un llamado urgente a diversas dependencias gubernamentales, en particular a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que cumplan con su obligación de revisar los campos agrícolas y garantizar condiciones laborales dignas. Además, propuso la reinstalación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas y la asignación de un presupuesto específico para atender las necesidades de este sector vulnerable.

Por su parte, el diputado presidente de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, Martín Vega Álvarez, también hizo un llamado urgente para mejorar las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas en el estado.

El legislador morenista señaló que, a pesar de que Sinaloa es conocido como el granero de México y su industria agrícola genera una cantidad impresionante de empleos y producción, muchos jornaleros enfrentan condiciones de precariedad, explotación y falta de respeto a sus derechos básicos.

Precisó que los desafíos más significativos que enfrentan los jornaleros, son las condiciones laborales precarias, incluyendo largas jornadas de trabajo bajo el sol, la falta de acceso a salarios justos y medidas de seguridad laboral adecuadas, la ausencia de contratos formales, lo que aumenta su vulnerabilidad, la viviendas inadecuadas, a menudo en condiciones de hacinamiento, el acceso limitado a servicios básicos como agua potable, electricidad y atención médica, así como las barreras en el acceso a la educación para los hijos de los jornaleros.

Vega Álvarez hizo un llamado a las autoridades para tomar acciones urgentes y permanentes, no solo temporales, para mejorar las condiciones de los jornaleros, por lo que propuso medidas como reformas laborales para garantizar salarios justos, jornadas razonables y condiciones de trabajo seguras, inversión en infraestructura y mejora de viviendas, el fortalecimiento de los sistemas de salud en comunidades agrícolas, la mejora de la infraestructura educativa y programas de apoyo para los hijos de jornaleros, y el implementación de campañas de sensibilización para combatir la discriminación.

El legislador reconoció las acciones del gobernador y la Secretaría de Bienestar para atender a los jornaleros, pero enfatizó la necesidad de medidas permanentes y no solo paliativas. “Esto no solo es una cuestión de justicia social, sino también una obligación moral y legal”, concluyó Vega Álvarez.