“Los avances en la protección animal, en el estado de Sinaloa, en México y el mundo, reflejan un cambio positivo hacia una mayor compasión y respeto por todos los seres vivos”, señaló la diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, presidenta de la Comisión de Justicia y secretaria de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable.
En su participación en el Foro Académico “Bienestar Animal y Riesgos de la Zoonosis en la Salud Pública”, la legisladora hizo una amplia exposición sobre los avances legislativos en materia de protección y el bienestar de los animales.
“Estos logros reflejan no sólo un cambio en nuestra conciencia colectiva, sino también un compromiso decidido con la justicia y la compasión hacia todos los seres vivos”, afirmó.
Al iniciar su discurso la diputada hizo una relatoría histórica de la protección de los animales, se remontó hasta el Código de Hammurabi pasando por la antigua Grecia, la Edad Media con San Francisco de Asís y “Los estatutos” de Irlanda en 1635.
“Desde los primeros pasos –aseveró- dados en el siglo XIX hemos visto cómo la preocupación por el bienestar animal ha evolucionado y se ha consolidado en diversos tratados y convenciones internacionales”.
Sostuvo que en México, la protección animal ha sido un tema de interés creciente en las últimas décadas, lo que ha llevado a la promulgación de diversas leyes y regulaciones para garantizar el bienestar de los animales y prevenir su maltrato.
Señaló que a nivel federal la protección y bienestar animal se encuentra regulada por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de Vida Silvestre, y Ley Federal de Sanidad Animal, así como por el Código Penal Federal.
Subrayó que es tan importante la visión contemporánea de protección y bienestar animal, que recientemente el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso de la Unión una Iniciativa que tiene por objeto reformar el artículo 4° y 73 de la Constitución General.
Lo anterior con el objeto de proponer elevar a rango constitucional el reconocimiento como seres sintientes, con derecho a recibir protección, cuidado y bienestar.
Explicó que en Sinaloa, además de las Leyes de protección animal del ámbito federal, se cuentan con tres cuerpos normativos de carácter estatal, que atañen la protección a los animales, como son Ley de Protección a los Animales, Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y Código Penal para el Estado de Sinaloa.
La más reciente reforma a nuestro marco normativo local, destacó, en materia de protección animal fue aprobada el 28 de enero del año 2021, por la 63 Legislatura, mediante el Decreto 581 que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales, Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y del Código Penal.
Sin embargo, advirtió, que este decreto fue vetado por el titular del Poder Ejecutivo de la administración pasada y fue hasta el 28 de enero de 2022 que fue promulgado y publicado por el gobernador actual el Dr. Rubén Rocha Moya.
Con estas reformas se contempla la obligación de los gobiernos estatal y municipales, a aprobar una partida presupuestal para el cumplimiento de la propia Ley de Protección a los Animales, se crea el Fondo para la Protección de los Animales y un Consejo Técnico para la vigilancia en la aplicación de los recursos destinados.
Asimismo, se establece la obligatoriedad de campañas de esterilizaciones gratuitas y permanentes, se prohíbe el sacrificio de animales como método para controlar la sobrepoblación animal en situación de calle, se establece la promoción de la adopción de animales de compañía, se establece la creación de brigadas municipales de vigilancia y rescate de animales en situación de riesgo, y se fomenta la participación ciudadana.
Las reformas al Código Penal para el Estado de Sinaloa amplían la protección para animales silvestres y ferales, toda vez que en el tipo penal de maltrato animal anterior a la reforma, sólo se consideraban sujetos de protección a los animales domésticos.
También se incrementan las penas para quien dolosamente cometa actos de maltrato o crueldad animal. Pasan de 6 meses a 1 año, y de 2 a 4 años de prisión.
Se adicionan, explicó, conductas antisociales al tipo penal de maltrato animal, tales como la zoofilia, la tauromaquia, las peleas de perros, y el abandono animal.
Asimismo, se alcanzó la persecución oficiosa por lo que el delito de maltrato animal se persigue de oficio cuando quien cometa el delito de maltrato sea propietario, poseedor o custodio del animal maltratado, bastará una denuncia para iniciar la investigación.
Los retos y perspectivas futuras según Garzón Aguilar son la reglamentación municipal, el presupuesto insuficiente, la sensibilización y la educación y concientización en la población.
“Aunque aún queda mucho por hacer, estoy convencida de que, con nuestro compromiso colectivo y la colaboración de toda la sociedad, podemos lograr un futuro en el que todos los animales sean tratados con la dignidad y el respeto que merecen”, finalizó.