Norma sobre derechos de niños y adolescentes prohíbe repatriación cuando su vida, seguridad o libertad estén en peligro; acusa Imumi deficiencias del INM en entrevista; señalan fallas en análisis de casos; en 2023 retornaron a 6,548 y en enero de este año, a 532; arranca desde Chiapas caravana con 1,500 personas
A pesar de que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe la deportación de los menores en condición migrante, cuando su vida, seguridad o libertad corran peligro, México devuelve a sus países de origen a miles de ellos cada año.
El Instituto Nacional de Migración (INM) es el encargado de analizar la situación de cada menor migrante, antes de detenerlo y deportarlo, pero no se hace adecuadamente y se violan sus derechos humanos al regresarlos a países con problemas políticos, sociales, humanitarios y económicos.
Además, no se respeta el interés superior de la niñez ni sus derechos como personas, al no poner por delante sus necesidades de protección y permanecer en el país.
Tan sólo en el 2023, la dependencia detuvo a 113 mil 660 menores de entre 0 a 17 años, de los que fueron deportados seis mil 548, un 5.7 por ciento. En enero del 2024 fueron detenidos 12 mil 881 menores, de los que fueron deportados 532, el cuatro por ciento del total. Las nacionalidades de mayor deportación son Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Ecuador, Colombia y Brasil.
En entrevista con La Razón, Gretchen Kuhner dijo que a partir de 2021 reiniciaron en mayor medida las detenciones, pero aseguró que lo que se tiene que hacer es llevarlos con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que, “en teoría”, hagan una entrevista del porqué salieron, de dónde, cuándo, con quién viajan, entre otras cosas, para saber sus motivos y razones, con el fin de verificar el peligro o riesgo en el que se encuentren.
“Eso es lo que debería de pasar, pero lo que nosotros hemos detectado es que muchas veces las procuradurías no saben lo que hay que hacer o tienen miedo de hacerlo y, por ello, lo más fácil es deportarlos a sus países de origen. Tenemos el caso de un menor de 12 años en Puebla que lo detuvieron junto a su tío, después los separaron. Nosotros presentamos una solicitud de asilo, pero lo deportaron”, ejemplificó.
Señaló que han visto varios casos similares en el país, lo que es una clara muestra de violación de derechos de los niños en diversas partes, detenciones y deportaciones, aunque aclaró que no pasa en todos los casos.
La directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) expuso que lo que les preocupa, como organizaciones civiles, es el alto número de detenciones y deportaciones que se hace cada año, pues explicó que, más allá de la deportación, “es el análisis que hace Migración, porque no se hace bien, y depende de cada estado y cada procurador, pues lo más fácil para algunas autoridades es deportarlos que ver por su protección”.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), es el INM el que determina la condición migratoria de la niña, niño o adolescente, mientras que el Sistema Nacional DIF o sistemas de las entidades, según corresponda, deberá brindar la protección que prevé la ley y demás disposiciones aplicables.
El principio del interés superior de la niñez será una consideración primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños y adolescentes migrantes, en el que se estimarán las posibles repercusiones de la decisión que se tome en cada caso.
“Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos, entre otros”, establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Al referirse a este fenómeno, Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), coincidió en que las autoridades deben analizar cada caso, pues hay muchos tipos de circunstancias para sus viajes y, por ello, “se debe hacer un estudio caso por caso para priorizar el interés, ya que muchos huyen de la pobreza, la violencia y la inseguridad, incluso de su misma familia, pero eso en muchas ocasiones no se analiza”.
En la explicación de esta situación, dijo que las autoridades buscan restituirlos con sus padres, pero no analizan si éstos son buenos para ellos o huyen de ellos, debido a que no hay un interés completo sobre su protección.
“Se deben ir con un plan de restitución de derechos; esto es, como una carta de navegación, para que si vuelven a sus países haya una ruta de atención. De esta forma, debe estar con una familia que lo cuide, en una comunidad que no haya violencia, que tenga educación y desarrollo, y no sólo enviarlos de buena voluntad y que ellos se arreglen como puedan”, abundó.
La experta mencionó que el INM atiende la migración como una crisis de seguridad y no de derechos humanos, ya que los persigue como criminales, ya sean adultos, mujeres o menores, sin priorizar una atención integral de las infancias.
Señaló que en los países de origen no siempre hay condiciones de regreso, debido a los conflictos políticos, sociales, de seguridad y hasta económicos, que no permiten que esos niños sean retornados, pues de hacerlo volverían a las mismas condiciones de las que escaparon.
José María Ramos, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), mencionó que si bien no es justificable que se detenga y deporte a los niños, se debe verificar que no exista ningún riesgo para ellos, pero para este efecto, los países a donde llegan deben tener las condiciones para su desarrollo.
“Debe haber un protocolo de atención para los menores y debemos confiar en los países a donde llegan, ya que ellos son los que tienen la obligación de estar bien, pero es importante que las autoridades nacionales hagan un análisis de cada menor y la situación en la que viven”, destacó.
