Un Juez Federal del Primer Distrito con sede en Culiacán resuelve dar la razón a la Universidad Autónoma de Sinaloa en su demanda contra la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa legislada por este Congreso, específicamente en los artículos impugnados por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Valoramos esta resolución y hacemos votos para que tal acción abra el camino para resolver la agresión que desde febrero del presente año El Congreso del Estado, Gobierno del Estado, y la Fiscalía General inician la Agresión contra la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Lo más trascendental de la resolución del Juez es que deja clara la inconstitucionalidad de la Ley acordada, resumida en la siguiente expresión: “La protección de la Justicia de la Unión es para los efectos de que el Gobernador Constitucional, Congreso, y Secretaría de Educación Pública y Cultura, todos del Estado de Sinaloa, no apliquen en el presente ni con posterioridad a la Universidad Autónoma de Sinaloa, los artículos 3, párrafos tercero y cuarto, 19, 51, fracción VIII, 59 y 69 fracciones IX y X, de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa. Estas reformas, como se analizó, transgreden la autonomía universitaria”.
La sentencia deja claro que la Universidad tiene a su cargo la administración de los recursos provenientes de la Federación para la educación Superior, además de quedar obligada a informar la captación de esos recursos observando las disposiciones de fiscalización, vulnera las prerrogativas de autogobierno, autonormación y administración del patrimonio, inherentes a la universidad, es decir se limita la libertad de autogobierno y administración del patrimonio.
Reiteramos que con la ley en la mano se encontrará la solución final al conflicto Estado-UAS, por ello condenamos las expresiones que desde un medio de comunicación hiciera el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, las cuales son expresiones que tratan de confundir a los ciudadanos, siguiendo un discurso político de agredir al poder judicial federal cuando las resoluciones no son de su agrado, haciendo públicas las valoraciones de él, afirmando para confundir más que se trata de una sentencia ilegal.
