Culiacán, Sinaloa.- Con la reforma a la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa se garantiza el respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores y se quita la parte que le hacía violatoria de la norma internacional y de la propia Constitución de México, aseguró el diputado José Manuel Luque Rojas.
El presidente de la Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso del Estado de Sinaloa hizo uso de la voz al momento de la votación del dictamen que reforma los párrafos segundo y tercero de la Fracción XXXII del artículo 145 de la citada ley.
Explicó que este artículo es relativo al agüinado que deben recibir los trabajadores jubilados y pensionados del sector educativo federalizado.
El artículo tenía establecido como requisito para acceder a esta prestación el pertenecer a una determinada organización sindical., con lo cual se violentaban los derechos laborales.
Recordó que todavía hasta hace poco, los trabajadores pensionados y jubilados del sistema federalizado de la educación recibían sólo 40 días de aguinaldo por parte del ISSSTE, y la 63 Legislatura aprobó que el Gobierno del Estado les pague un complemento de 25 días, para que en total reciban 65 días.
Sin embargo, observó que para acceder a esta prestación se tenía que cumplir la condición de pertenecer a una organización sindical, que es la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Este condicionamiento de otorgar la prestación sólo si se pertenece a un sindicato era por sí misma violatoria, dijo.
Con la reforma al artículo 145 ahora aprobada, puntualizó, se quita ese condicionamiento.
El dictamen sometido a votación este jueves en la sesión ordinaria del Congreso se aprobó por unanimidad de las diputadas y diputados presentes, pues no se registró ningún voto en contra ni abstención alguna.
El dictamen aprobado se elaboró por parte de la Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso con base en dos iniciativas presentadas en el mismo sentido.
Una la presentó el mismo diputado José Manuel Luque Rojas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y presidente de la Comisión de Educación y Cultura.
La otra la presentaron la ciudadana María Guadalupe Preciado Ponce, coordinadora estatal del Frente Democrático de Jubilados y Pensionados “Maestra Herlinda Barrera Uicab”, y el ciudadano Berzahí Osuna Enciso, en su calidad de integrante de dicha organización.
Cinco iniciativas fueron turnadas a comisiones permanentes
Se dio lectura a cinco iniciativas durante la sesión ordinaria número 91, mismas a las que les fue dispensada su segunda lectura y fueron turnadas para su estudio a las comisiones permanentes correspondientes.
La primera iniciativa a la que se dio lectura fue la del Grupo Parlamentario del PAS y de la ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñónez que proponen expedir la Ley de Depósito Legal del Estado de Sinaloa, a fin de proteger y conservar el acervo oficial y cultural de la Entidad.
Fue aprobada por unanimidad la propuesta de la diputada Alba Virgen Montes Álvarez para dispensar la segunda lectura.
También por unanimidad fue tomada en consideración la iniciativa y se turnó para su estudio y dictamen a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales.
La segunda iniciativa fue del diputado Luis Javier De la Rocha Zazueta que propone adicionar y reformar la Ley de Agua Potable y Alcantarillado, y la Ley de Gobierno, ambas del estado de Sinaloa, para vigilar y sancionar el correcto funcionamiento del drenaje pluvial y que se mantenga separado del drenaje sanitario que transporta las aguas residuales, prohibiendo descargas que pongan en peligro el sistema, derivaciones y conexiones clandestinas.
Fue aprobada por unanimidad la propuesta de la diputada Concepción Zazueta Castro para dispensar la segunda lectura.
También por unanimidad fue tomada en consideración la iniciativa y se turnó para su estudio y dictamen a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y Ecología y Desarrollo Sustentable.
La tercera iniciativa fue del Grupo Parlamentario del PAS y de la ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñónez que proponen reformar la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, a fin de eliminar el carácter de créditos fiscales los adeudos generados por el incumplimiento de los pagos oportunos de los servicios de suministro de agua, así como eliminar la facultad de imponer multas derivados de dichos incumplimientos y establecer que el monto por recargos será de un 1.5% mensual; de igual manera, señalar que la limitación en el servicio de agua a que se refiere la Ley, no deberá entenderse como suspensión o corte en el suministro.
De esta manera se garantiza el derecho humano al agua, indispensable para vivir dignamente.
Fue aprobada por unanimidad la propuesta de la diputada Alba Virgen Montes Álvarez para dispensar la segunda lectura.
También por unanimidad fue tomada en consideración la iniciativa y se turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda Pública y Administración.
La cuarta iniciativa fue del diputado Ricardo Madrid Pérez para que cuando la información clasificada como confidencial o reservada exceda el tiempo de la administración que la clasificó, la administración entrante revise, por conducto del Comité de Transparencia correspondiente, si puede retirar su carácter de información clasificada como reservada que dio origen a la misma.
Fue aprobada por unanimidad la propuesta de la diputada Deisy Judith Ayala Valenzuela para dispensar la segunda lectura.
Por mayoría fue tomada en consideración la iniciativa y se turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana.
Finalmente, se dio lectura a la iniciativa de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla que propone establecer como causas de inelegibilidad para los cargos de Gobernador de Sinaloa, Diputaciones Locales, Presidencias Municipales, Sindicaturas en Procuración y Regidurías el aparecer inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Sinaloa; ser persona condenada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, por delitos contra la familia y/o contra la libertad sexual y su normal desarrollo.
Fue aprobada por unanimidad la propuesta de la diputada Cinthia Valenzuela Langarica para dispensar la segunda lectura.
Por mayoría fue tomada en consideración la iniciativa y se turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.
